La iniciativa, impulsada por la senadora Roxanna Soto Aguilú, propone enmendar la Ley de la Comisión de Juegos mediante el Proyecto del Senado 960 (PS 960), con el fin de ampliar las modalidades de juego permitidas en la isla. Según estimaciones de la legisladora, la medida podría generar entre $50 y $100 millones anuales adicionales para el fisco, apalancada en el crecimiento de segmentos como las apuestas deportivas y los e-sports.

Durante el año fiscal 2024-2025, la industria de juegos de azar en Puerto Rico generó aproximadamente $362 millones, de los cuales $183 millones ingresaron al gobierno y $179 millones correspondieron a ingresos de los casinos. En este contexto, Soto Aguilú plantea replicar modelos de jurisdicciones como Nueva Jersey y Nevada, donde la expansión regulada del juego ha impulsado ingresos multimillonarios.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de salas de póker independientes, definidas como espacios dedicados exclusivamente a esta modalidad —tanto en vivo como con componentes online—, operadas fuera de los casinos tradicionales o como establecimientos satélite autorizados. Estas salas requerirían un mínimo de 10 mesas, estarían sujetas a licencias específicas y tributarían un 15 % sobre ingresos brutos.

En paralelo, el proyecto contempla un impuesto del 12 % sobre ganancias netas para las apuestas deportivas en e-sports, un vertical que ha mostrado un crecimiento acelerado a nivel global. De hecho, en Puerto Rico, las apuestas deportivas registraron un incremento cercano al 100 % en el último año fiscal, generando alrededor de $2,18 millones. La propuesta también promueve alianzas con la industria local de videojuegos para potenciar este segmento.

Asimismo, se prevé la incorporación de loterías electrónicas interactivas, con una carga impositiva del 20 % sobre ingresos, cuyos fondos se destinarían directamente a programas sociales, incluyendo iniciativas de prevención de la adicción al juego.

Desde la perspectiva gubernamental, la medida busca diversificar las fuentes de ingresos ante las restricciones presupuestarias. “Es necesario identificar nuevas vías de recaudo para sostener servicios esenciales sin comprometer las finanzas públicas”, sostuvo la senadora.

No obstante, la propuesta enfrenta cuestionamientos dentro del propio ecosistema regulatorio y turístico. La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, advirtió que cualquier expansión del juego debe considerar su impacto en el modelo turístico vigente, históricamente vinculado a los casinos dentro del sector hotelero.

Por su parte, la Comisión de Juegos de Puerto Rico indicó que se encuentra realizando un análisis técnico exhaustivo del proyecto y adelantó reservas respecto a su implementación, en particular por su alcance y complejidad regulatoria.

Las críticas más contundentes provienen de la industria hotelera. Clarisa Jiménez Mayoral, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, sostuvo que la medida podría “institucionalizar una competencia desleal” frente a los 20 casinos actualmente autorizados en la isla. Según la ejecutiva, el proyecto permitiría la creación de nuevos operadores sin los mismos requisitos de inversión, empleo y cumplimiento normativo en materia de protección al jugador y prevención del lavado de dinero.

Mientras avanza su discusión legislativa, el PS 960 abre un nuevo capítulo en el desarrollo del sector del juego en Puerto Rico, en un momento en que la región observa con atención la evolución de los marcos regulatorios y las oportunidades de expansión en verticales emergentes como los e-sports y el gaming digital.