En un comunicado de prensa, Juan Carlos Santaella, director ejecutivo de la comisión, dijo que la entrega de documentos facilita además el proceso de fiscalización de estas máquinas y garantiza que parte de los recaudos pasen al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

“Estamos ante un avance histórico en la formalización de esta actividad económica. Hemos logrado que el 100% de los operadores autorizados respondan de manera ordenada y responsable. Esto demuestra que, con voluntad y estructura, es posible transformar sectores informales en motores regulados de desarrollo”, afirmó Santaella Marchán.

La comisión evalúa ahora las solicitudes para emitir las licencias. A partir del 1ro de julio todas las máquinas deben estar licenciadas. Según se informó, la comisión orientó a los comercios pues, una vez encaminado el proceso, la agencia activará su Unidad de Investigación y Regulación para detener las operaciones ilegales y garantizar el cumplimiento estricto de la nueva normativa.

Desde creada la medida en su fase original, la Asamblea Legislativa estableció un tope de 25 mil licencias- una por máquina- en los primeros dos años de implementación de la ley y le dio prioridad a los operadores previamente licenciados por la Comisión de Juegos.

“El compromiso de la Comisión es claro: garantizar que esta industria opere de forma legal y transparente, y que sus ingresos beneficien directamente al pueblo de Puerto Rico, en especial a quienes han dedicado su vida al servicio público, como nuestros policías”, afirmó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos.

La Comisión de Juegos lanzó, además, una campaña de concienciación sobre el juego responsable, bajo el lema: “Tu mejor jugada tiene límite, juega responsable” para alentar a los jugadores a establecer límites y a tomar decisiones informadas al momento de participar en actividades de juego.

“Estamos cumpliendo con nuestro deber de garantizar un proceso regulatorio eficiente y justo, al tiempo que reforzamos el mensaje del juego responsable. Ambas acciones reflejan nuestro compromiso con la ley y con el bienestar de todos los sectores involucrados”, expresó el funcionario.

“La implementación de esta ley es una prioridad estratégica. Vamos a asegurar su cumplimiento con firmeza, pero también con transparencia y colaboración con los sectores involucrados. Esta es una nueva era para el juego en Puerto Rico: una que combina desarrollo económico, legalidad y responsabilidad social”, puntualizó el director ejecutivo de la CJPR.