La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR), en conjunto con la Policía de Puerto Rico, llevó a cabo un operativo en el que fueron confiscadas cerca de 30 máquinas ilegales de juegos de azar en ruta, conocidas comúnmente como tragamonedas, además de $8.347 en efectivo. La intervención forma parte de los esfuerzos de fiscalización tras la implementación del nuevo reglamento de confiscaciones aprobado bajo la legislación vigente.

Durante el operativo, las autoridades intervinieron dos establecimientos comerciales en el área metropolitana. En el Colmado y Cafetería Caribe, ubicado en San Juan, se incautaron 12 máquinas y $7.910 en efectivo. En tanto, en el negocio Mi Gente 2GO, situado en el sector Las Palmas de Cataño, se ocuparon 17 máquinas y $437.

Según informaron las autoridades, los operadores de ambos establecimientos no habían pagado la licencia requerida para operar este tipo de equipos, lo que constituye una violación a la normativa vigente.

El operativo fue ejecutado por personal de la Oficina de Investigación y Regulación de la Comisión de Juegos, con el apoyo de la División de Carolina del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de la Policía, bajo la supervisión del teniente Emmanuel Rosario Cintrón.

Esta intervención representa el segundo operativo realizado desde la entrada en vigor del Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Reglamento Núm. 9718), una normativa adoptada conjuntamente por la Comisión de Juegos y la Policía para establecer el procedimiento formal de incautación de equipos ilegales.

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, afirmó que las inspecciones continuarán. “Este segundo operativo demuestra que el proceso de fiscalización sigue activo. Las máquinas de juegos de azar en ruta solo pueden operar dentro del marco legal establecido y quienes ignoren la ley se exponen a ocupaciones, confiscaciones y las penalidades correspondientes”, señaló.

Por su parte, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, destacó la importancia de la coordinación entre ambas entidades para combatir el juego ilegal y proteger a los comercios que operan conforme a la ley.

De acuerdo con la legislación vigente, cualquier persona que posea, opere o permita la operación ilegal de estas máquinas incurre en un delito menos grave, con sanciones que pueden incluir hasta seis meses de prisión, multas de hasta $10.000 o ambas, además de la posible revocación de permisos comerciales.

Los ingresos generados por la operación legal de estas máquinas se distribuyen de la siguiente manera: 55% para el Fideicomiso del Retiro de la Policía de Puerto Rico, 40% para los municipios y 5% para cubrir gastos operacionales de la Comisión de Juegos.

Finalmente, Santaella Marchán instó a la ciudadanía a reportar de manera confidencial cualquier establecimiento que opere máquinas ilegales a través del portal oficial de la agencia.