La República Dominicana está en un momento clave con la propuesta de una nueva ley para regular los juegos de azar. Esta iniciativa busca reemplazar el sistema actual, desactualizado y fragmentado, por un marco moderno. Sin embargo, el proyecto presenta graves fallas tanto en su redacción como en su contenido económico.

Desde el punto de vista económico, se identifican dos problemas principales:

Un sistema fiscal inadecuado: El proyecto propone gravar las ventas brutas (el total apostado), ignorando los costos del negocio y la verdadera capacidad contributiva de los operadores. Esto equivale a un modelo fiscal confiscatorio que hace inviable el negocio legal y favorece a operadores ilegales no regulados ni tributarios.

Un régimen de licencias precario: Se plantean licencias de vigencia muy corta (como 2 años), lo cual desincentiva la inversión, la innovación y la creación de empleo. Además, la alta incertidumbre y los costos de renovación excesivos generan un entorno riesgoso y poco atractivo para inversores.

Estos dos elementos, combinados, crean una “tormenta perfecta” que podría colapsar el mercado legal antes de que se consolide, fomentando la informalidad y reduciendo la capacidad del Estado para recaudar impuestos y controlar el sector.

La solución propuesta es una reforma profunda al modelo fiscal y de licencias, adoptando estándares internacionales como gravar el Ingreso Bruto del Juego (GGR) y establecer licencias de largo plazo (mínimo 10 años), con criterios técnicos y procesos de renovación claros.

En resumen, el texto advierte que la decisión no es si regular o no, sino cómo regular: entre una regulación que asfixia y una que fomente un mercado formal, competitivo, innovador y fiscalmente sostenible.