República Dominicana autoriza casinos en cruceros bajo nueva regulación

El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, emitió una resolución que habilita a los cruceros de primera categoría —aquellos con capacidad para 2.000 o más pasajeros— a obtener licencias para operar casinos mientras permanezcan en muelles, terminales o aguas bajo jurisdicción del país.

La normativa también contempla a embarcaciones que se detengan temporalmente en aguas dominicanas sin perder su condición de navegación internacional, ampliando así el alcance de la regulación sobre el juego a bordo.

Según lo establecido en la resolución 164-2024, esta medida busca impulsar actividades que mejoren la experiencia de los cruceristas, atraer un mayor número de pasajeros y fortalecer alianzas comerciales, en un contexto de crecimiento sostenido de la industria de cruceros en el país.

No obstante, el documento advierte sobre los riesgos asociados a estas operaciones, como el posible uso de estas áreas para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo o manejo de fondos ilícitos. Por ello, se refuerza la necesidad de regular estrictamente las salas de juego en cruceros que operen en puertos dominicanos o dentro de sus aguas territoriales.

En cuanto a los costos, las tasas de licencia estarán determinadas por la capacidad del barco: los cruceros con entre 2.000 y 3.499 pasajeros deberán pagar un millón de pesos dominicanos, mientras que aquellos con 3.500 o más pasajeros abonarán RD$1.500.000.

Además, los operadores deberán presentar una fianza de cumplimiento por un valor de RD$20.000.000 —o su equivalente en dólares estadounidenses— antes de iniciar operaciones. Esta garantía, que deberá renovarse anualmente, cubrirá posibles tasas, multas o premios, y deberá ser presentada ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar a favor del Ministerio.

Las empresas interesadas deberán solicitar la licencia correspondiente mediante comunicación formal, incluyendo información fiscal, datos de contacto y demás requisitos establecidos por la autoridad reguladora.