República Dominicana reactiva proyecto para frenar el aumento de bancas de apuestas

El Senado de República Dominicana retomó el proyecto de ley sobre juegos de azar que busca ordenar el sector, limitar la expansión de las bancas de apuestas y reforzar los controles sobre las operaciones ilegales.

La iniciativa, originalmente presentada por el Poder Ejecutivo, había quedado paralizada durante la legislatura anterior después de recibir cuestionamientos de sectores vinculados a la actividad. El senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, informó que el proyecto comenzará a ser revisado nuevamente a partir de la próxima semana.

El Senado revisará los cambios introducidos por Diputados

La comisión analizará las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados antes de que el proyecto continúe su recorrido legislativo.

El Senado estuvo cerca de aprobar la iniciativa en única discusión el pasado 24 de julio, dos días antes del cierre de la legislatura anterior. Sin embargo, el tratamiento fue suspendido debido a los cambios introducidos durante su paso por la Cámara Baja.

En aquella oportunidad, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, había anticipado que el proyecto sería retomado durante la nueva legislatura.

Diez años sin nuevas licencias para bancas de lotería

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la suspensión durante 10 años de la emisión de nuevas licencias para bancas de lotería.

La medida contempla una excepción para los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros.

El proyecto también establece un régimen de sanciones más severo para quienes desarrollen actividades de juego sin autorización o fuera de los establecimientos permitidos.

Penas de hasta 10 años por operaciones ilegales

Según el texto en discusión, quienes operen juegos de azar sin licencia podrían enfrentar penas de uno a dos años de prisión.

Las sanciones aumentan en casos considerados más graves. El proyecto contempla hasta 10 años de cárcel para determinadas infracciones relacionadas con el uso de testaferros y la ocultación de ganancias.

La iniciativa también busca fortalecer la capacidad del Estado para perseguir las actividades clandestinas vinculadas con el sector.

Creación de un nuevo organismo regulador

El proyecto propone crear la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo que tendrá entre sus funciones regular, supervisar y sancionar las actividades relacionadas con los juegos de azar.

La nueva estructura reemplazaría el esquema regulatorio actual y concentraría mayores facultades de fiscalización sobre las distintas modalidades de apuestas.

Impuesto del 10 % para los juegos por internet

La regulación también incluye disposiciones específicas para el mercado online. El proyecto establece un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos por internet.

Además, las autoridades quedarían facultadas para bloquear dominios y direcciones IP de plataformas que operen sin autorización en República Dominicana.

La normativa contempla asimismo la creación de un Sistema Único de Registro, destinado a centralizar información sobre las apuestas y reforzar las herramientas de prevención del lavado de activos.

Restricciones para la ubicación de los locales

Otro de los puntos contemplados establece distancias mínimas entre los establecimientos de apuestas y determinados espacios de uso público.

Los locales de apuestas no podrían instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias. Para las bancas de lotería, el proyecto establece una distancia mínima de 200 metros.

En cuanto a las máquinas tragamonedas, la propuesta establece que deberán devolver al jugador al menos el 85 % de lo apostado y fija en 15 máquinas el máximo permitido por banca de apuestas deportivas.

El proyecto tiene plazo hasta enero de 2027

La iniciativa había sido presentada originalmente por el Poder Ejecutivo, pero perdió vigencia al no ser aprobada dentro del plazo correspondiente y posteriormente fue reintroducida por legisladores.

Ahora, el Senado vuelve a ponerla en agenda. Si no consigue aprobación antes de enero de 2027, el proyecto volverá a caducar, por lo que su tratamiento durante la actual legislatura será clave para determinar si República Dominicana avanza hacia un nuevo marco regulatorio para la industria de los juegos de azar.