Una investigación conjunta entre la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) reveló una red ilegal dedicada a la explotación y organización de juegos de azar no autorizados en la provincia. Para avanzar en el caso, se empleó la figura del "Agente Encubierto Digital", quien simuló interés en casinos online, lo que permitió obtener información clave sobre la operatoria tanto en la ciudad como en el interior provincial.

La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7 la elevación a juicio de 13 personas acusadas de ser coautoras de esta organización ilegal. La investigación detectó que el grupo operaba a través de una estructura jerárquica que incluía "respaldos" que manejaban fondos y pagos, "administradores" que reclutaban operadores y "cajeros" que captaban apostadores y gestionaban las cargas de dinero mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Los "cajeros" utilizaban plataformas que imitaban sitios oficiales de apuestas, pero funcionaban con dominios suplantados para dificultar el control. Los responsables principales de la gestión financiera estarían vinculados a AXON S.A.S., empresa radicada en Buenos Aires que declara actividades ajenas a los juegos de azar.

El accionar ilegal de la red denominada "Las Únicas" fue desbaratado gracias a técnicas como el cruce de datos, intervenciones telefónicas y la labor del "Agente Encubierto Digital". Entre los imputados figuran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, señalados como administradores generales; Mariela Andrea Mollo, encargada de promoción y administración; Facundo Villalba, involucrado en transferencias y adquisición de bienes; y otros operadores responsables de la gestión y capacitación de cajeros, como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez.

Además, Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco habrían manejado redes internas de cajeros y utilizado vehículos comprados con fondos delictivos, mientras que Constanza María Di Leandro estaría a cargo de movimientos financieros dentro de la organización.

La fiscal Salinas Odorisio destacó que, gracias al análisis contable, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos virtuales, se logró reunir pruebas contundentes que evidencian la operatividad ilegal de esta red sin autorización, afectando la economía provincial y comprometiendo la regulación estatal.