Se reaviva el debate sobre la legalización de los juegos en Brasil

La regularización de juegos se viene discutiendo desde hace casi tres décadas en el Congreso, considerando al PL 442/1991, una de las propuestas más antiguas en trámite en la Cámara de Diputados y que inicialmente pretendía legalizar el “jogo do bicho”. Durante ese tiempo, nunca hubo consenso sobre las ventajas y desventajas de la legalización.

El principal argumento de los parlamentarios a favor es la recaudación que se generará con el pago de impuestos sobre el juego legal, que reforzarían las arcas públicas en un momento de escasez de recursos y podrían dirigirse a Bolsa Família, o para implementar la propuesta de Renta Ciudadana. Además, se crearían miles de empleos directos e indirectos en los estados y municipios que recibirían proyectos similares a los casinos de Las Vegas (Estados Unidos) o Punta del Este (Uruguay).

El senador Angelo Coronel (PSD-BA) es uno de los defensores de la legalización.

“La generación de recursos a partir de la tributación de los juegos podría ampliar el alcance de Bolsa Família de 14 millones de familias a 22 millones, aumentando aún el monto promedio recibido de R $ 200 a R $ 300. Esto equivale a más o menos R $ 50 mil millones en recursos para financiar el incremento del programa. Creo que los fondos recaudados deben ser utilizados en el área social, en un programa de renta básica, pero eso depende de la gestión presupuestaria del gobierno. Para Brasil, lo que importa es tener la capacidad financiera para financiar dicho programa”, dijo Angelo Coronel.

Lobby poderoso

Los opositores, por otro lado, advierten que la liberación del juego puede agravar los problemas de salud, con el alto costo de tratar a los jugadores pesados, además de aumentar la explotación sexual y la prostitución y empeorar la seguridad pública. También creen que la actividad minaría las acciones de lucha contra la corrupción, ya que, en su valoración, los juegos pueden convertirse en herramientas de blanqueo de capitales, evasión fiscal y evasión de ingresos.

“La liberación del juego en Brasil es un gran engaño. Quienes conocen el tema saben que lo que hay detrás de esto es un poderoso lobby de intereses políticos, ya que se acerca un cerco a la corrupción en el país, así como ganancias electorales para quienes no quieren seguir la legislación brasileña”,  advirtió el senador Eduardo Girão (Pode-CE).

El senador también dijo que estaba preocupado por el tema social y familiar relacionado con el juego. Citó estudios de universidades extranjeras que, por cada dólar recaudado del impuesto al juego, se gastan tres dólares en costos sociales relacionados con enfermedades mentales debido a la adicción al juego y la seguridad pública.

“Este lobby que se acerca al Congreso tiene como objetivo crear problemas en lugar de soluciones. Sin mencionar que junto con el juego viene el tráfico de drogas, el tráfico de armas, incluida la prostitución infantil que es brutal para la sociedad. No es casualidad que la Policía Federal, el Servicio de Ingresos Federales, la operación del lavado de autos y la Asociación Brasileña de Psiquiatría se opongan a la legalización del juego”, argumentó el senador, quien redactó un manifiesto con un estudio de los impactos de la liberación del juego.

Girão también contradice la tesis de que el sector generaría empleos, que consideró una “gran falacia”: “Dejaremos de tener un mayor movimiento en el área de entretenimiento como librerías, cines y restaurantes para migrar a los casinos y esto es muy preocupante desde el punto de vista social.”

Uno de los mayores críticos de la legalización en esta legislatura fue su idea de realizar un ciclo de audiencias públicas para discutir la instalación de casinos en resorts de todo el país, pospuesto debido a la pandemia. En opinión del senador, los debates son una forma de llamar la atención de la sociedad sobre el peligro de la liberación.

Angelo Coronel no cree en este escenario.

“Esta es una impresión de quienes piensan que el juego se legalizará y no estará muy regulado, un error. Con una fuerte regulación por parte de los órganos competentes, con restricciones sobre quién puede brindar la actividad y con el control del dinero, el riesgo de actividades ilegales es igual o menor que en otras actividades económicas sin tales controles. La autorización para explorar juegos la hará el gobierno federal, con limitaciones sobre quién puede explotar estas actividades, como regularidad fiscal, idoneidad y ausencia de condenas por lavado de activos, organización delictiva y delitos contra el sistema financiero”, defendió.

Resorts

Solo en el Senado Federal hay cuatro propuestas sobre el tema. El más avanzado en la Cámara, listo para la agenda del Pleno, es el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 186/2014, del senador Ciro Nogueira (PP-PI), que autoriza la explotación de “juegos de fortuna”, en línea online o presencial, en todo el territorio nacional, incluyendo casinos en complejos de ocio.

El texto, que fue desarchivado en 2019 y sufrió cambios en las comisiones, prevé regulaciones para “jogo do bicho”, videobingo y videojuegos, bingos, casinos en complejos de ocio integrados, casinos en línea y apuestas deportivas y no deportivas. La acreditación para la exploración del juego de bingo y videobingo tendrá una vigencia de 20 años, renovable por el mismo período, y será responsabilidad de los estados. Los casinos, en cambio, tendrán una vigencia de 30 años y podrán renovarse por períodos sucesivos.

Recreación

En la misma línea se encuentra el PL 2.648/2019, del Senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que autoriza la apertura y operación de casinos en resorts o complejos integrados de ocio. Según el texto, los casinos podrán operar en hoteles de alta gama, que ofrecen servicios como spas, áreas deportivas o de ocio, discotecas, museos, galerías de arte, parques temáticos o acuáticos, espacios para grandes reuniones y eventos sociales, culturales o artísticos, restaurantes, bares y centros comerciales.

Para recibir la autorización de funcionamiento (otorgada por el Poder Ejecutivo Federal), según el proyecto, se dará prioridad a las áreas que presenten los peores indicadores socioeconómicos de las ciudades o regiones, como el PIB, el ingreso per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad de ingresos) o la tasa de desempleo.

El relator de la Comisión de Desarrollo Regional y Turismo (CDR), Angelo Coronel, prometió presentar pronto su análisis, pero anunció en una entrevista con Rádio Senado a fines de octubre que defiende la liberación de todo tipo de juegos de azar, no solo apuestas de casino.

“En mi informe al PL 2.648 / 2019, propongo la legalización de todos los juegos, permitiendo más de 600 mil trabajos formales entre casinos, “jogo do bicho”, juegos de bingo, tragamonedas, etc.; recaudación de más de R $ 50 mil millones, fuente de recursos para beneficiar a más de 22 millones de familias con un beneficio mensual de R $ 300; fuerte supervisión operativa y financiera de los operadores de estos juegos; y el fomento de políticas públicas de juego responsable, evitando el juego por parte de personas con ludopatía [compulsión por el juego]”, explicó.

También, para liberar los juegos en resorts, está el PL 4.495/2020 del senador Irajá (PSD-TO), que permite la implantación de resorts con casinos para ayudar a expandir el turismo, especialmente los negocios, en el país.

Al igual que el proyecto de Roberto Rocha, la idea es promover el turismo con la construcción de una nueva infraestructura turística, ampliar y mejorar la visita internacional a Brasil y la participación en el mercado de ferias y eventos internacionales.

Ecoturismo

Pensando también en el turismo, pero con un sesgo ecológico, el PLS 595/2015, del exsenador Donizetti Nogueira, pretende utilizar el lanzamiento de los juegos para promover el ecoturismo y la protección ambiental en las unidades de conservación de la naturaleza en Brasil, a través de la gestión compartida con hoteles de casino autorizados para operar apuestas. Según el proyecto, esta autorización será otorgada a la empresa que invierta en desarrollo sustentable, protección ambiental, conservación de la biodiversidad e incentivo al ecoturismo.

El proyecto también crea el Aporte para la Intervención en el Dominio Económico en la operación de hoteles casino (Cide Verde), con una tasa del 18% sobre la diferencia entre la apuesta bruta y las primas pagadas al final del año. El relator del texto en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) es el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), quien propuso combinar esta propuesta con la de Ciro Nogueira.