Según Atanasof el 80% del juego online en la Provincia de Buenos Aires es ilegal

Lotería pidió más herramientas contra el juego clandestino

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, afirmó que el 80% del juego online en la provincia de Buenos Aires opera por canales ilegales. El funcionario expuso este lunes ante la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense, en el marco del debate sobre el proyecto de ley integral contra las apuestas online y la ludopatía.

Acompañado por el director provincial de Juegos y Explotación, Carlos Gallo, y por Sebastián Silvestre, de la Dirección Jurídico Legal del organismo, Atanasof defendió la necesidad de ampliar las herramientas legales para combatir las plataformas clandestinas. La iniciativa, conocida como la “mega ley”, continuará en análisis el jueves, con una reunión de asesores.

Durante su exposición, el funcionario estimó que el juego ilegal mueve alrededor de USD 3.600 millones en el país. Para dimensionar el volumen, comparó esa cifra con el último desembolso del Fondo Monetario Internacional (USD 1.000 millones) y con el presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación (USD 1.400 millones).

El mercado legal y la recaudación provincial

En el circuito autorizado de la Provincia operan siete plataformas: bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, bplay, Sport.bet.ar y Stake. Según los datos presentados por los funcionarios, el sistema reúne alrededor de siete millones de cuentas activas.

Con excepción de bet365, dedicada exclusivamente a las apuestas deportivas, en las demás plataformas ese segmento representa cerca del 30% de la actividad. El resto corresponde principalmente a tragamonedas y ruletas virtuales.

El fondo destinado a clubes y becas, financiado con el 3% de los premios pagados por las empresas, acumuló $532 millones entre enero y septiembre. De acuerdo con Carlos Gallo, ese monto equivale al 76% de la utilidad bruta del juego online.

Las reformas que impulsa el organismo

Los representantes de Lotería plantearon una serie de modificaciones legales para fortalecer las investigaciones y dificultar el funcionamiento de las redes de apuestas ilegales.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Crear la figura del “presunto infractor”: permitiría decomisar dinero y bienes vinculados con las organizaciones investigadas y disponer el secuestro cautelar de servidores.

Reformar el artículo 301 bis del Código Penal: la norma establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización. Según los funcionarios, la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba dificulta el decomiso definitivo de los bienes.

Ampliar la Ley 27.319: el objetivo es incorporar el juego online entre los delitos contemplados en la normativa sobre investigaciones de criminalidad organizada, lo que habilitaría herramientas como el denominado “agente provocador”.

Regular la publicidad y reforzar los controles: se busca limitar la promoción de las apuestas y mejorar la capacidad de intervención frente al juego clandestino.

“Como no tenemos esta herramienta, solo llegamos a los cajeros”, sostuvo Atanasof al describir las limitaciones actuales para avanzar sobre las estructuras que organizan las apuestas ilegales. El funcionario definió el escenario como una “tormenta perfecta” y calificó el intercambio con los legisladores como “sumamente productivo”.

Dominios, billeteras virtuales y lavado de dinero

Sebastián Silvestre señaló que para investigar a fondo estas redes se necesitan más personal, recursos y tecnología, además de una fiscalía especializada que permita llegar a los responsables de las plataformas clandestinas y no únicamente a quienes cobran el dinero.

También advirtió que los fondos provenientes del juego ilegal pueden blanquearse e ingresar en inversiones, como los bienes inmuebles.

Los funcionarios indicaron que cada dominio bloqueado puede tener entre 50 y 90 subdominios, lo que facilita la reaparición de las plataformas. Según explicaron, algunas organizaciones operan desde jurisdicciones como Malta y Curazao, mientras que Argentina carece de un organismo centralizado para bloquear páginas y no regula los dominios .com.

En relación con los medios de pago, Gallo afirmó que durante los operativos no encontraron operaciones mediante Cuenta DNI, pero sí detectaron el uso de Mercado Pago y plataformas de criptomonedas.

De acuerdo con su exposición, las organizaciones compran cuentas de billeteras virtuales a través de redes sociales y reclutan como “cajeros” a personas en situación de vulnerabilidad. El dinero puede pasar de pesos a dólares, luego a USDT y finalmente a bitcoin, un circuito que, según el funcionario, complica su rastreo.

Menores, controles biométricos y riesgos para el deporte

Atanasof sostuvo que los sistemas biométricos exigidos a las plataformas legales hacen que la participación de menores sea “absolutamente imposible”, salvo que exista complicidad de adultos. Sin embargo, reconoció que el circuito clandestino no exige verificación facial ni acreditación de identidad, por lo que esos controles no representan una barrera definitiva frente a las apuestas ilegales.

El funcionario también alertó sobre estructuras delictivas vinculadas con el amaño de partidos y la corrupción deportiva, con especial preocupación por su impacto en localidades del interior bonaerense.

Un proyecto que sigue sin consenso legislativo

Durante el encuentro, varios diputados plantearon inquietudes sobre el texto de la iniciativa, entre ellas la ausencia de cifras de premios en el proyecto original.

Participaron legisladores oficialistas como Rubén Eslaiman, Mariano Cascallares, Juan De Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez. Por la oposición estuvieron Diego Garciarena, Valentín Miranda, Andrés De Leo, Romina Braga, Fernando Rovello y Fabián Luayza.

La propuesta continúa trabada por la falta de acuerdos y no llegará al recinto en la sesión ordinaria del martes 20 de octubre. Desde la oposición manifestaron su disposición a acompañar, en términos generales, medidas destinadas a restringir el acceso de menores a las plataformas, aunque anticiparon objeciones durante el tratamiento.

Las comisiones legislativas buscan acelerar el trabajo para avanzar con la mayor cantidad posible de iniciativas antes del debate del Presupuesto 2027. Mientras tanto, el proyecto contra el juego ilegal y la ludopatía deberá superar las diferencias políticas y técnicas para conseguir dictamen y avanzar hacia su eventual sanción.