Tailandia da luz verde a la instalación de casinos en el país

La oposición a la iniciativa es de carácter moral y de inspiración religiosa: la mayoría budista del país, al igual que otras religiones, condena los juegos de azar. Al mismo tiempo también se han pronunciado diversos grupos de la sociedad civil porque temen que iniciativas de este tipo pueden tener un impacto negativo en las realidades donde se instalen y en general favorezcan la corrupción, el lavado de dinero y la explotación.

Las zonas que se han identificado como favorables para alojar los casinos serían las ciudades de Chiang Mai y Chiang Rai en el norte, Udon Thani y Ubon Ratchathani en el noreste, Pattaya y Chonburi en el este. La comisión, presidida por el Viceministro de Transportes Atirat Ratanasate deberá presentar, en un plazo de 90 días, un análisis específico de los beneficios y el impacto de los casinos en términos económicos, laborales y de imagen.

Actualmente, los juegos de azar y las apuestas son ilegales en Tailandia, excepto la lotería del estado y las carreras de caballos. Las razones de esta exclusión, que los opositores han reclamado en reiteradas oportunidades, ahora se extienden a los casinos y se refieren a su cuestionable legitimidad moral y la dificultad para establecer reglas precisas sobre gestión e impuestos. Si esto ha llevado al fracaso de iniciativas anteriores, la que está en marcha parece destinada a tener un desenlace diferente: la situación interna así como la contingencia internacional y obviamente los intereses de los inversionistas en busca de buenos negocios, podrían encontrar un punto de convergencia y determinar el éxito de la propuesta.

Otro impulso favorable podría provenir de la vecina Camboya y también de la relativa crisis en Macao, un centro de juego asiático que en el pasado reciente parecía amenazar incluso a Las Vegas. La Región Autónoma Especial de China se encuentra bajo una presión cada vez mayor de Beijing, que considera a los casinos como una "industria" con demasiadas "zonas grises" por lo que respecta a la cohesión social, la fuga de capitales y el lavado de dinero.