El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, subrayó que la responsabilidad inicial para combatir la operación de tragamonedas ilegales recae en los municipios, quienes, mediante sus atribuciones administrativas, verifican licencias de funcionamiento y clausuran giros no permitidos.

En entrevista, Alonso García explicó que la presencia de estas máquinas en tiendas, misceláneas y otros comercios está prohibida si no se cuenta con los permisos federales que establece la Ley de Juegos y Sorteos. Por ello, los ayuntamientos son la autoridad competente para supervisar, advertir y sancionar administrativamente a los propietarios de los establecimientos.

El procedimiento municipal incluye inspecciones periódicas, emisión de oficios de advertencia y otorgamiento de plazos perentorios para retirar las máquinas, antes de aplicar sanciones mayores o clausuras. “Hay un enfoque preventivo, pero también un protocolo claro que los presidentes municipales conocen y aplican”, señaló el fiscal.

Alonso García precisó que, una vez agotada la vía administrativa o al detectar posibles delitos, entra la competencia federal a través de la Fiscalía General de la República, que investiga y sanciona penalmente estas actividades. La Fiscalía estatal participa de manera coordinada, especialmente en casos de delitos del fuero común o situaciones de flagrancia.

Estos operativos forman parte del Plan Nacional de Seguridad y del esquema Blindaje Aguascalientes, con la participación conjunta de autoridades municipales, estatales y federales. El fiscal advirtió que, aunque las tragamonedas pueden parecer inofensivas, están asociadas a riesgos sociales, como adicción en jóvenes y menores de edad, así como a entornos donde se propician otros delitos.