Gutiérrez consideró que el proyecto representa un avance significativo en la organización y modernización del sector, destacando la unificación del marco legal como un elemento clave para fortalecer la seguridad jurídica del Estado, los operadores y los consumidores.

Uno de los puntos más relevantes del anteproyecto, según la experta, es la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo con capacidad de fiscalización, supervisión y sanción.

Asimismo Gutiérrez, valoró positivamente los mecanismos tecnológicos contemplados para el registro de operadores, control de licencias y fomento del juego responsable. Sobre esta parte propone reforzar los mecanismos de juego responsable mediante límites de apuestas, alertas de riesgo e integración de otros organismos del Estado, como el Ministerio de Salud Pública.

También expresó preocupación por la falta de consenso con sectores claves como los casinos y las bancas deportivas, así como por una estructura tributaria que, a su juicio, necesita revisarse.

"Lo ideal es adoptar una base impositiva sobre el GGR (Ingresos Brutos del Juego), como lo hacen muchos países que sirven de modelo. Además, se deben evitar cargas tributarias duplicadas y fomentar la formalización y la inversión tecnológica", explicó.

Gutiérrez subrayó que el Estado debe garantizar una recaudación eficiente sin comprometer la viabilidad económica de los operadores formales, ya que estos representan una fuente clave de empleo, inversión y cumplimiento tributario.

Riesgos y debilidades

La jurista también señaló riesgos operativos importantes, como la posibilidad de que la DGJA carezca de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para implementar eficazmente la ley, especialmente en su fase inicial.

Otra de las debilidades identificadas es la falta de claridad sobre la composición del consejo técnico, así como las condiciones consideradas "excesivamente rigurosas" para la renovación de licencias, además, alerta sobre la omisión de una disposición que establezca una distancia mínima obligatoria entre operadores, una medida contemplada actualmente en la ley vigente, pero que el nuevo proyecto deja a discreción del consejo técnico.

Gutiérrez concluyó que, si bien el anteproyecto establece una base sólida para fortalecer y formalizar el sector de juegos de azar en el país, es esencial abrir un proceso de diálogo amplio con todos los actores involucrados para realizar los ajustes necesarios.

"Solo con una implementación equilibrada, justa y sostenible podremos garantizar beneficios reales para el Estado, los operadores y los jugadores", finalizó.