Brasil: El Senado votará la regulación del juego la próxima semana

El texto con la propuesta de liberalización del juego en Brasil fue aprobado en junio por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, autorizando el funcionamiento de salas de bingo, apuestas y casinos en el país.  

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunció el jueves 28 que la Cámara podría votar la próxima semana esta propuesta. Según Pacheco, el proyecto debería estar en el orden del día de la votación plenaria del próximo miércoles (4) o del 10 de diciembre.

El texto forma parte de la lista de votaciones prioritarias del Senado para las próximas tres semanas, que precederán al receso parlamentario que comienza el 23 de diciembre. Entre las propuestas enumeradas por los líderes figuran la regulación de la inteligencia artificial (IA); y el texto principal que regula la reforma fiscal.

También figura en el orden del día el paquete de medidas de contención del gasto presentado por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, a los líderes del Senado. Se espera que las medidas de ajuste fiscal se aprueben a finales de este año. Pacheco también valoró que el escenario 'crítico' en relación a las apuestas deportivas online haya impulsado la defensa de que el Senado se pronuncie sobre otros juegos de azar.

'Es algo que ya salió de la Cámara, tiene el apoyo del gobierno, el apoyo de varios segmentos. Y el Senado tiene que decidir si lo aprueba o no. Por eso, varios senadores pidieron en la reunión de líderes que sea sometido al plenario, entre otras cosas porque ya fue considerado por la CCJ', dijo el senador.

Resultado ajustado

El proyecto de ley fue aprobado por la CCJ por un estrecho margen. Hubo 14 votos a favor y 12 en contra. El proyecto de ley crea normas de funcionamiento y mecanismos de supervisión y control de los juegos de azar.

También establece impuestos a las casas de juego y a los premios, así como una serie de derechos para los jugadores (ver más abajo).
El texto ya fue aprobado por la Cámara en 2022 y encontró obstáculos durante su paso por el Senado.

La resistencia de parlamentarios conservadores y movimientos sociales provocó una serie de aplazamientos en el debate del texto. Las recientes investigaciones sobre las apuestas deportivas en línea también han provocado el aplazamiento del proyecto de ley.

Si es aprobado tal cual por el pleno del Senado, el proyecto será enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para su sanción - ya que no hubo cambios en el contenido del texto por parte de los senadores.
La propuesta aprobada por la CCJ autoriza la práctica y explotación en Brasil de:

juegos de casino
juegos de bingo
juegos de video bingo
juegos en línea
juegos de azar
apuestas hípicas

Fin a una prohibición de casi 80 años

El texto pone fin a una ley de 1946 que prohibía el funcionamiento de los juegos de azar en todo el país. También deroga partes de la Ley de Delitos Penales, que establecía penas para esta práctica.

Por ejemplo, se exigirán importes mínimos de capital social y pruebas del origen lícito de los fondos. Sólo las empresas con sede en Brasil podrán explotar juegos de azar, que se permitirán en lugares previamente autorizados.

Según el proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda será el encargado de definir los procesos de concesión de licencias, inspección y autorización de funcionamiento. El gobierno también podrá crear una agencia reguladora.

Según la propuesta, sólo podrán jugar los mayores de 18 años. Por ejemplo, se prohibirá jugar a los que se declaren ludópatas (personas diagnosticadas de compulsión al juego) o estén inhabilitados judicialmente.

El ponente del proyecto de ley, el senador Irajá (PSD-TO), argumentó que el juego representa una «actividad económica relevante» en Brasil y, por tanto, debe estar «sujeta a la regulación del Estado». El principal beneficio del proyecto de ley es que permite que una actividad económica que ya se practica incluso en contravención pase bajo el control del Estado, mitigando cualquier vínculo entre el juego y el crimen organizado', afirmó.

Según él, la creación de normas sobre el juego también «allana el camino» para que la adicción al juego se aborde como un «verdadero problema de salud pública, destinando parte de los ingresos a mitigar esta externalidad negativa».

Los principales puntos del proyecto de ley de liberalización del juego serán:

operación
quién puede jugar
fiscalidad de los jugadores
fiscalidad de las casas de apuestas
inspección
delitos penales
Operaciones

El texto establece que los juegos de azar sólo podrán ser ofrecidos por empresas registradas, radicadas y gestionadas en Brasil. La oferta dependerá de la concesión de una licencia por parte del Ministerio de Hacienda.

Según las reglas previstas en el proyecto de ley, los estatutos de la empresa deberán establecer que la actividad principal de la CNPJ será la explotación de estas prácticas, pero actividades como el comercio de alimentos y bebidas y la organización de actividades artísticas y culturales podrán registrarse como actividades secundarias.

Para poder optar a una licencia de explotación, además de otros requisitos, la empresa debe demostrar el origen lícito de los fondos y un capital mínimo:

para el bingo R$ 10 millones
para casinos: R$ 100 millones
para Jogo do Bicho: R$ 10 millones

Las licencias seguirán los criterios que defina el ministerio y podrán concederse con carácter permanente o de duración determinada. También podrán autorizarse operaciones en lugares específicos o predefinidos, denominados zonas de juego. Estas autorizaciones no serán negociables ni transferibles.

Los juegos de azar sólo podrán ofrecerse en establecimientos físicos o virtuales autorizados por el gobierno federal.
Según la propuesta, si los criterios de autorización no son regulados 12 meses después de la entrada en vigor de la ley, los juegos de bingo y jogo do bicho serán autorizados provisionalmente.

Cada tipo de juego tendrá unos criterios de funcionamiento previamente establecidos:

- Apuestas hípicas: necesitarán, por ejemplo, acreditación previa del Ministerio de Agricultura para las carreras de caballos y solicitar autorización para operar apuestas al Ministerio de Hacienda en el plazo de un año. Si la casa de apuestas también quiere ofrecer bingo, también tendrá que estar acreditada para este tipo de juego.

- Casinos: se acreditarán mediante subasta pública y sólo podrán operar en complejos de ocio integrados o en barcos. La versión aprobada por la Cámara de Diputados estipulaba que los locales de casinos debían estar «específicamente construidos para este fin». En el CCJ, el texto se cambió por lugares «específicamente destinados a este fin». El ponente cree que el cambio «garantizará una mayor participación del sector hotelero» en la oferta de casinos.

- Bingos: La oferta sólo podrá tener lugar en domicilios permanentes, las llamadas salas de bingo. Las licencias de explotación tendrán una validez de 25 años.

- Jogo do bicho: también tendrá una licencia de 25 años, que sólo se concederá a las empresas que puedan demostrar que disponen de recursos suficientes para pagar sus obligaciones.

Los registros de apuestas tendrán que estar en una plataforma digital. En concreto, no será necesario identificar a los apostantes que reciban premios hasta el límite de exención del impuesto sobre la renta.

Quién puede jugar

El proyecto de ley establece que sólo podrán jugar las personas mayores de edad. Los menores tampoco podrán acceder a direcciones acreditadas para ofrecer los juegos, ni podrán tener máquinas de juego instaladas en el extranjero. Según el proyecto de ley, los jugadores tendrán hasta 90 días para reclamar sus ganancias.

El texto aprobado por la CCJ establece que no podrán apostar en ninguna de las modalidades las siguientes personas
- personas jurídicas;
- personas con compulsión a apostar que soliciten su inclusión en el Registro Nacional de Personas Prohibidas (Renapro);
- personas interdictas judicialmente, a petición de familiares, por adicción al juego;
- personas consideradas insolventes, es decir, con deudas superiores a su patrimonio
- personas vinculadas a empresas de juego
- funcionarios públicos vinculados a organismos de supervisión del juego.

El proyecto de ley prevé también la creación de una política nacional de protección de los ludópatas, con la obligación para las casas de juego de mantener un servicio de atención a los ludópatas y mecanismos de prevención de la ludopatía.
El texto prohíbe a las empresas de juego ofrecer, conceder o facilitar préstamos a los ludópatas y permite a las empresas acreditadas por el Ministerio de Hacienda cobrar las deudas de juego.

Tributación de los jugadores

Las ganancias de los jugadores (el valor de las ganancias menos los gastos de las apuestas en un periodo de 24 horas) sólo se gravarán si suman o superan los 10.000 reales.

El impuesto sobre la renta se aplicará a un tipo del 20% sobre las ganancias. El impuesto será retenido directamente por la casa de apuestas.

Fiscalidad de las casas de apuestas

Las empresas acreditadas para operar juegos de azar en Brasil tendrán que pagar una tasa trimestral de inspección, con importes diferentes para cada tipo de juego ofrecido:

bingo y apuestas hípicas: 20.000 reales por establecimiento autorizado
juegos en línea: 300.000 reales por dirección virtual autorizada
casinos: 600.000 reales por establecimiento autorizado
juegos de azar: 20.000 reales por licencia.

También se cobrará a las empresas la Contribución de Intervención en el Dominio Económico (Cide). El impuesto se recaudará sobre los ingresos brutos de las casas de apuestas - los ingresos procedentes de las apuestas menos los premios distribuidos. La Cide se recaudará a un tipo del 17%, pagadero trimestralmente. El importe recaudado por el impuesto se destinará a diversos fines, como programas de lucha contra la adicción al juego y fondos para transferir recursos de la Unión a los estados y municipios.

Supervisión

La propuesta de liberalización del juego establece una serie de normas de transparencia y supervisión del juego.
Todas las transacciones financieras de las casas de apuestas tendrán que registrarse en el Sistema de Auditoría y Control (SAC), al que podrá acceder en tiempo real el Ministerio de Hacienda.

Las empresas de apuestas acreditadas también tendrán que presentar balances semestrales de sus operaciones. Al final de cada año, también tendrán que someterse a una auditoría.

El proyecto de ley también estipula que las máquinas utilizadas para el juego sólo podrán ofrecerse después de que el Ministerio de Hacienda haya concedido un registro. El documento, que tendrá una validez de cuatro años, garantizará que los equipos no han sido manipulados.

Según el texto aprobado, las casas de apuestas tendrán que crear mecanismos para impedir el uso de los juegos para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Tendrán que establecer canales de denuncia y comunicación de sospechas a los organismos responsables.

Las empresas no podrán mantener máquinas de juego que permitan pagos en efectivo. Tampoco podrán recibir fondos o pagar premios a través de entidades financieras no autorizadas por el Banco Central.

El texto del proyecto de ley también establece que la elección y el nombramiento de los administradores de las empresas tendrán que ser autorizados por Hacienda. Entre los criterios que se evaluarán estarán:

reputación intachable; y ausencia de condenas por delitos como corrupción y malversación.

El incumplimiento de las normas podría acarrear sanciones para las empresas, tales como

multas de hasta 2.000 millones de reales por infracción

suspensión parcial o total de las actividades durante un máximo de 180 días

cancelación de la licencia; y prohibición de obtener una nueva licencia durante un máximo de diez años.

Delitos penales

Además de las sanciones administrativas, el proyecto de ley también tipifica como delito ciertas prácticas relacionadas con el juego.
Según el texto, quien explote juegos de azar sin licencia puede ser condenado a cuatro años de cárcel. El fraude en las apuestas también podría castigarse con hasta siete años de cárcel.

Autorizar a un menor a apostar conllevará una pena de prisión de hasta dos años, además de una multa. También habrá una pena por obstruir o dificultar la inspección del juego: prisión de hasta tres años, más una multa.

Por Kevin Lima