Caída drástica de ingresos fiscales tras la prohibición local de tragamonedas en Rumania

El panorama del sector de los juegos de azar ha experimentado una transformación significativa tras la entrada en vigor de la OUG nr. 7/2026. Esta medida, que delega en los ayuntamientos la autoridad para prohibir las actividades de juego en sus localidades, ha generado una respuesta institucional lenta pero con consecuencias financieras y operativas inmediatas.

Aunque el plazo estipulado de 60 días para emitir resoluciones ya ha expirado, apenas 90 de los aproximadamente 3.100 ayuntamientos han tomado medidas al respecto. De este reducido grupo, 35 han optado por prohibir los juegos de azar en sus jurisdicciones de manera definitiva.

Desplome en las autorizaciones de máquinas tragamonedas

El impacto directo de estas primeras prohibiciones y de la incertidumbre regulatoria se refleja claramente en el volumen de equipos en funcionamiento. Los datos oficiales muestran que durante el período comprendido entre febrero y mayo de 2026, las autoridades solo otorgaron licencias para 2.337 máquinas tragamonedas. Esta cifra palidece al compararla con las 18.981 autorizaciones emitidas durante el mismo cuatrimestre del año anterior.

A nivel general, el mercado se ha contraído drásticamente: de las 45.659 máquinas de juego que se encontraban legalmente autorizadas durante 2025, en la actualidad solo restan 29.014 en explotación comercial activa en todo el territorio.
 

Fuerte impacto en la recaudación de impuestos y tasas

Como consecuencia natural de la paralización de equipos y el cierre de salas, las arcas públicas han sufrido un recorte considerable. Los ingresos presupuestarios derivados directamente de los impuestos y tasas a esta industria han caído de 485 millones de lei( $106.7 millones de dólares) en 2025 a tan solo 300 millones de lei ($66 millones) en el ejercicio de 2026.

Ante este escenario de cambio de poder hacia las autoridades locales, la Oficina Nacional de Juegos de Azar ha quedado en una posición limitada; si bien la entidad puede continuar ofreciendo apoyo técnico a los municipios que lo requieran, ya no tiene la potestad para adoptar medidas normativas. La decisión del gobierno de descentralizar la regulación ha reconfigurado por completo el mapa de esta industria, y sus efectos económicos ya se hacen sentir fuertemente en las cuentas del Estado.