Cuando se le señaló que el proyecto apunta a anular la Resolución N° 34, que “regulariza” el emplazamiento de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, para lo cual contrato a la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, prefiió no ahondar el “espíritu” de la iniciativa. “No voy a entrar a debatir a qué apunta ni nada. Nuestra postura es técnica”, dijo.
Agregó que esta iniciativa parlamentaria ya fue tratada y vetada años atrás, sin brindar mayores detalles.
Mediante una revisión de archivos pudo encontrarse que en 2017, el entonces presidente Horacio Cartes firmó el Decreto N° 7253 que prohibe tragamonedas en mercados, despensas, peluquerías, farmacias y pequeños negocios en la vía pública. Sólo objetó tres artículos: que los responsables de control y fiscalización son los municipios y que las concesiones darán los mismos, además de que se derogará la normativa vigente al respecto.
Por otra parte, Galván reconoció que mantiene el plan de “regularización” de tragamonedas en los lugares prohibidos, a pesar de que es calificado de ilegal por el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y Anticorrupción.
A la fecha, existen más de 23.000 máquinas operando de manera clandestina, pero sólo 442 lo hacen “legalmente” para Conajzar, mediante iCrop, conforme al informe del Exp. 53081, solicitado vía Acceso a Información Pública (AIP).
Reforma de regulación
Galván opinó que debe tratarse el proyecto de ley de reforma de la regulación de juegos de azar y convertir a la Conajzar en una Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), que centralice el otorgamiento de licencias, permita la instalación de casinos en todos los departamentos, autonomía en las decisiones y autarquía, atribuciones cuestionadas por empresarios.
Conajzar sigue sin transparentar gestiones
Los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se reunieron el lunes último a puertas cerradas en esta oficina estatal. Los detalles referentes a lo resuelto en esa ocasión, como en todas las sesiones durante el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, no trascendieron porque ninguna de las actas o resoluciones fueron socializadas en el portal de la esta comisión, a pesar de que le obliga la Ley N° 5282, de Transparencia Gubernamental.
En el encuentro habían participado la presidenta interina de Conajzar, María Galván, representante de Hacienda; Alma Muhr Riera, de Interior, y César Romero Roa, de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), quienes asumieron sus cargos en los primeros días febrero. Se ausentaron Rubén Blaires y Ricardo Núñez Giménez, de gobernaciones y municipios, respectivamente.
Al culminar el encuentro, Muhr, fue abordada por la prensa en la calle para conocer lo decidido en el encuentro y avances de su plan de transparentar la gestión de Conajzar. No brindó las declaraciones, alegó que debía ir a otra reunión de urgencia.
Cabe recordar que la misma se desempeña como directora de Transparencia de Interior. Había prometido socializar las decisiones de Conajzar, preocupada por la calificación “cero” que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) otorgó a Conajzar.
Sin embargo, a dos meses de asumir el cargo, hasta el momento no se avizora ninguna reforma, siquiera se encuentra el informe de gestión en la web de Conajzar.
Fiscalía con vía libre
La fiscala María Estefanía González se encuentra con vía libre para seguir con la investigación de “legalización” de tragamonedas, adjudicación de la quiniela y reducción del canon a concesionarias al que somete a miembros y exautoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
La Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos confirmó la imputación de seis de los siete procesados que habían planteado recursos, y son Rubén Rousillón y Ricardo Núñez Giménez, integrantes de Conajzar; José Ortiz Báez, Rául Silva y Carmen Corina Alonso (titular de la Diben), exautoridades; Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de TDP SA (expotadora de la quiniela). Sigue pendiente el planteado por Omar Mongelós, cuyo defensor es Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra de la Corte Carolina Llanes.
