Costa Rica impulsa reforma para combatir el juego ilegal

La diputada de Pueblo Soberano, Esmeralda Britton, presentó el expediente 25.600 denominado “Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social (JPS)”, una iniciativa que busca adaptar el organismo a la era digital, fortalecer el control sobre el mercado de juegos de azar y proteger los recursos destinados a cientos de organizaciones sociales en el país.

La propuesta pretende redefinir el papel de la Junta de Protección Social para combatir el juego ilegal en Costa Rica.

El juego ilegal concentra más de la mitad del mercado

Según los datos incluidos en el proyecto, el mercado ilegal concentra actualmente el 53% del sector de loterías y apuestas. Esta situación generaría una pérdida cercana a los ₡297.000 millones anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales vinculados a adultos mayores, personas con discapacidad y proyectos de salud.

“Hoy damos un paso necesario para proteger los recursos sociales de Costa Rica. No podemos permitir que el crimen organizado y las plataformas ilegales sigan aprovechándose de un vacío legal mientras miles de personas dependen de estos fondos para recibir atención y oportunidades”, señaló Britton.

Tecnología y supervisión para reforzar el control

La iniciativa incorpora mecanismos de fiscalización basados en herramientas tecnológicas avanzadas. Entre las medidas propuestas se incluyen auditorías de software, monitoreo en tiempo real y procesos de certificación de algoritmos para reforzar la transparencia y reducir riesgos de manipulación.

Además, el proyecto establece protocolos más estrictos para prevenir el lavado de dinero mediante una coordinación obligatoria entre distintas instituciones estatales, incluyendo organismos de inteligencia financiera y supervisión.

Nuevas restricciones y sanciones contra operadores ilegales

La propuesta legislativa también incorpora una serie de medidas de control orientadas a limitar el crecimiento de operadores no autorizados y reforzar la protección de usuarios:

Geobloqueo para plataformas ilegales.

Sistemas avanzados de verificación de identidad.

Prohibición absoluta de participación para menores de 18 años.

Penas de entre 2 y 6 años de prisión para quienes organicen, administren o financien juegos de azar ilegales sin autorización.

Proteger programas sociales, el objetivo central

La legisladora destacó que la modernización de la JPS responde a una necesidad estructural para preservar el financiamiento de programas sociales.

“La JPS ha sido históricamente una institución solidaria que ayuda a miles de familias costarricenses. Modernizarla no es opcional, es una obligación para defender los programas sociales y cerrar espacios a la ilegalidad”, concluyó Britton.

La iniciativa ahora deberá avanzar en el proceso legislativo y abrir el debate sobre el futuro de la regulación del juego y las apuestas digitales en Costa Rica.