El Gobierno valenciano se abre al reconocimiento facial para controlar el acceso a casas de apuestas

Una texto con el que el Gobierno autonómico «quiere intensificar la seguridad en el control de acceso a los locales de juego para impedir la entrada de menores y de personas que voluntariamente se han autoexcluido», según el conseller de Hacienda, Arcadi España.

Ese registro incluirá tanto a quienes hayan decidido inscribirse a motu propio, como a aquellos que estén obligados a hacerlo por resolución administrativa o judicial firme.

En ese sentido, España ha señalado que con esta norma «se establece la obligación para las empresas titulares de establecimientos de juego o portales web del juego en el ámbito de la Comunitat Valenciana de aplicar medidas para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales que recaben».

El decreto «regula el servicio de admisión en los establecimientos de juego obligados a controlar el acceso a todas las personas jugadoras o visitantes, comprobando que no incurren en alguna de las prohibiciones que establece la ley» en la entrada del recinto. Para ello, todos los locales tienen que tener un responsable encargado de realizar esa inspección.

«Nos preocupa la participación de las personas menores en el juego presencial, así como su protección y por ello vamos a insistir en la existencia de un control de admisión en la entrada de los establecimientos y en la obligatoriedad de la figura de un responsable del control de admisión en la puerta del establecimiento y no en una zona como pueda ser la de las máquinas instaladas», ha subrayado el responsable de Hacienda.

Para ello, la Dirección General de Tributos y Juego contempla que los establecimientos de juego puedan apoyarse para el control de acceso a las instalaciones, en sistemas electrónicos avanzados de captura facial biométrica, que estén previamente homologados, «para que sea más fiable y no se puedan falsificar los carnets de identidad o de pasaporte».

Este sistema avanzado grabará, custodiará y dejará a disposición de la Generalitat los datos de quienes quieran acceder a un establecimiento de los obligados, de modo que quede constancia fehaciente de fecha, hora e identificación.