El pleno del Parlamento aprobará la próxima semana la reforma de la ley del juego

La sesión plenaria, la penúltima de la legislatura, comenzará a las 09.00 horas con el debate de las preguntas de control al Ejecutivo e incluirá también el debate de convalidación del decreto de medidas urgentes en materia de servicio público discrecional del transporte de personas viajeras y en otras materias vinculadas a sectores económicos.

En relación a la reforma de la ley del juego, el portavoz de Unidas Podemos, Alejandro López, ha destacado la necesidad de regular una actividad que, aunque es legal, tiene efectos negativos especialmente entre la población vulnerable.

Sobre la regulación de la publicidad de estos locales, la reforma llega al pleno con diferencias de posicionamiento entre dos de los socios del Pacte. Así, López ha explicado que su grupo defiende que no haya excepciones en cuanto a la regulación de la publicidad, tal y como recoge el redactado que salió del Consell de Govern, después de que el PSIB presentara una enmienda en comisión para que los casinos puedan hacer publicidad en establecimientos hoteleros.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha resaltado que la regulación quiere proteger a los jóvenes y vulnerables, ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos, planificar la ubicación de locales de apuestas y frenar el crecimiento desordenado de estos establecimientos.

En el debate de las preguntas de control al Govern, el portavoz adjunto de CS, Juanma Gómez, ha explicado que Patricia Guasp preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "por qué da la espalda a las reivindicaciones de los empleados públicos", a raíz de la reunión que la líder de CS mantuvo la pasada semana con representantes de la plataforma Unisep.

También en rueda de prensa, el portavoz de El PI ha explicado que preguntará a Armengol por la implantación de la Lomloe y la "desorientación y las quejas" que ha generado en la comunidad educativa tras anunciarse una crítica en la flexibilización de los criterios de evaluación, lo que el portavoz regionalista ha considerado como una "contradicción si el Govern dice que la ley es buena".