Italia avanza hacia la reforma del juego presencial bajo presión del mercado ilegal

Impulsada por el Consejo de Ministros bajo la conducción de la primera ministra Giorgia Meloni, la iniciativa representa el siguiente paso dentro de una reforma más amplia del marco regulatorio del juego en el país, tras la actualización del sistema de licencias online implementada en noviembre de 2025. El borrador del decreto se encuentra actualmente bajo evaluación de la Conferencia Unificada, que reúne a autoridades regionales y municipales, reflejando la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

En el centro de la reforma se encuentra un nuevo modelo de concesiones para los verticales presenciales. Las licencias de máquinas de juego tendrán un precio inicial de €25 millones por paquetes que incluyen 4.000 Amusement with Prizes (AWPs) y 900 Video Lottery Terminals (VLTs). Las concesiones de apuestas presenciales se otorgarán en bloques de 25 licencias, con un valor de €60.000 cada una y una base de licitación de €1,5 millones. Por su parte, las salas de bingo se licitarán a €350.000 por establecimiento, cubriendo alrededor de 210 locales.

La urgencia de la reforma se ha intensificado tras la caída de €250 millones en la recaudación fiscal proveniente de las máquinas de juego durante 2025, lo que refuerza las preocupaciones sobre la canalización hacia el mercado regulado. Las autoridades estiman que el mercado ilegal —que abarca tanto canales presenciales como digitales— continúa expandiéndose, erosionando la participación y la contribución fiscal del sector regulado.

En respuesta, el decreto introduce requisitos operativos más estrictos, incluyendo mayores restricciones en los horarios de funcionamiento y el refuerzo de las distancias mínimas entre locales de juego y espacios sensibles como escuelas y hospitales. No obstante, la normativa también busca equilibrar estas limitaciones con incentivos, especialmente mediante un mecanismo de reparto de ingresos que apunta a incrementar la participación de los gobiernos locales. Para ello, se ha previsto una asignación inicial de €80 millones a distribuir entre las regiones.

Un nuevo sistema de certificación permitirá a los operadores que cumplan con estándares regulatorios más exigentes beneficiarse de una reducción en la distancia mínima requerida —establecida en 100 metros— respecto de los sitios sensibles. Paralelamente, las autoridades prevén la creación de un comité permanente encargado de monitorear el juego problemático y reforzar los controles contra el lavado de dinero bajo la supervisión de la Agencia de Aduanas y Monopolios.

El Gobierno trabaja contrarreloj para completar el decreto antes de que expire la ley de delegación fiscal el 29 de agosto. Cumplir con ese plazo permitiría poner fin a las reiteradas prórrogas de las concesiones actuales de máquinas de juego, apuestas y bingo, todas vigentes hasta el 31 de diciembre.

A pesar de las presiones políticas más amplias, incluido el impacto de un referéndum fallido sobre la reforma judicial en marzo, el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con la transformación tanto del juego presencial como del online. La forma final del decreto será clave para determinar si Italia logra estabilizar su mercado regulado, mejorar la recaudación y contener el avance del juego ilegal.

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