La Asociación ASOPOS advierte sobre aspectos críticos del nuevo proyecto de ley de juegos de azar

La organización lamentó que, pese a haber participado en consultas previas con entidades como el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General y la Presidencia, no ha sido formalmente incorporada al proceso legislativo actual, a pesar de que el proyecto menciona explícitamente a los programadores de software como sujetos regulables.

Cuestionamientos al proyecto

ASOPOS reconoció el esfuerzo del Estado por establecer un marco legal más moderno y transparente, destacando positivamente la inclusión de los sorteos generados por terminales como sorteos públicos, lo cual según señalan promueve la fiscalización objetiva.

Sin embargo, la entidad advirtió sobre varios aspectos del texto que considera preocupantes:

Responsabilidad penal del desarrollador: La actual redacción del proyecto permite interpretar que los programadores podrían ser penalizados por “facilitar apuestas”, cuando su rol es exclusivamente técnico.

ASOPOS propone que su responsabilidad se limite a verificar que los clientes estén legalmente constituidos.

Emisión de nuevos productos: Plantean que el proceso de innovación tecnológica no debe requerir autorizaciones estatales en la etapa de desarrollo, sino solo al momento de su lanzamiento comercial.

Reconocimiento de productos existentes: Solicitan que la ley reconozca expresamente los productos actualmente en operación y que se establezcan límites por modalidad de apuesta, en lugar de hacerlo por producto individual, para asegurar claridad regulatoria y evitar abusos.

Pizarras de premios: Proponen que se reconozca la publicación de resultados a través de medios visuales como una forma legítima de informar al público, siempre y cuando cumplan con estándares técnicos.

Mecanismos existentes: Argumentan que el Estado ya cuenta con herramientas legales para identificar operadores ilegales sin necesidad de extender responsabilidades penales a los desarrolladores de software.

ASOPOS reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el desarrollo tecnológico bajo los principios de competitividad, libertad, diversidad e incubación. En ese sentido, enfatizaron la importancia de garantizar condiciones equitativas para empresas nacionales, evitar la concentración económica y fomentar la innovación con pluralidad de proveedores.