Más de 2000 visitas en seis meses para controlar el cumplimiento de la Ley del Juego en Cantabria

Actualmente, en Cantabria hay 43 salas de juego, con 6 locales específicos de apuestas, 5 bingos y un casino.

En las salas de juego se ha implantado un sistema de control que endurece las restricciones en el acceso al juego de menores de edad y personas con ludopatías. Un sistema que tiene conexión automática con el registro de interdicciones de acceso al juego a nivel regional y nacional. Cantabria es una de las primeras comunidades autónomas en coordinar los registros de autoprohibidos del juego presencial y online del Estado- para establecer mayores niveles de protección a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.

El nuevo sistema de acceso a todos los establecimientos de juego obliga a la identificación personal a través del documento nacional de identidad y huella táctil, y lleva aparejado un sistema informático que manera automática alerta de las personas que tienen prohibido acceder.

Otras medidas incluidas en la ley, limitan la publicidad y, también, el propio crecimiento del sector, a través del establecimiento de un régimen de distancias entre locales y juego y también respecto a centros educativos, “uno de los más restrictivos del país”, según explica la consejera de presidencia, y con la nueva Ley del Juego, que pone un techo o límite máximo al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego en toda la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el presidente de las Asociación Cántabra de Empresas Operadores de Juego, José Ramón Sainz, ha resaltado el consenso conseguido por los agentes implicados -Administración Autonómica, sindicatos y empresas- para implantar estas medidas de control del juego, que, en su opinión, “son necesarias” para responder a esa preocupación social y ser “más efectivo”.

El presidente de la Asociación, que agrupa a más de un 70 por ciento de las empresas del sector del juego en Cantabria, ha informado que este nuevo sistema, ya obligatorio desde el pasado mes de febrero, ha implicado para los establecimientos inversiones adicionales que van entre los 10.000 y 20.000 euros, dependiendo del tipo de máquina.

Otras medidas restrictivas implantadas por el Ejecutivo regional han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.