Mendoza: Proyecto de ley busca reorganizar el Instituto de Juegos y Casinos

Facultades para la reorganización institucional 

La iniciativa busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.

El Gobierno de la Provincia envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone otorgar al Instituto Provincial de Juegos y Casinos las facultades necesarias para reorganizar su estructura durante el plazo de un año, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

Medidas para el personal y alternativas laborales 

La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

Reubicación y traslado de personal 

La iniciativa también contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Otra alternativa prevista en el proyecto es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Adecuaciones presupuestarias y sostenibilidad financiera 

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.

Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.

Impacto del incendio en el Casino de Mendoza 

El funcionamiento del organismo se vio gravemente afectado por el incendio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, donde operaba el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza. El siniestro provocó la pérdida total de las instalaciones, el cierre del establecimiento y la interrupción de sus actividades.

La inactividad de esta sala, una de las tres unidades operativas del Casino, implica la “pérdida del 32% de su recaudación bruta, con una merma estimada en aproximadamente $2.450 millones para el resto del año”. A esto se suma la obligación de sostener el pago de bonificaciones al personal, con un costo estimado de $53 millones en abril y de $650 millones en lo que resta de 2026.

Necesidad de una reorganización integral  

Según explicaron desde el Ejecutivo, este escenario impacta de manera directa en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos. Además, compromete el cumplimiento de las transferencias a programas de salud, bibliotecas populares y rentas generales, de acuerdo a la Ley 7314.

En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, el proyecto plantea la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto, a fin de adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.