México debe pagar 90 millones de dólares a inversionistas estadounidenses por revocación de licencias de casinos

El tribunal resolvió, por dos votos contra uno, que el Gobierno federal, y en particular la Secretaría de Gobernación, violaron el derecho de los inversionistas a un trato justo y equitativo, bajo reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El caso, conocido como B-Mex LLC contra México y en litigio desde 2016, fue resuelto el pasado 21 de junio, pero el laudo arbitral apenas fue publicado esta semana por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Los demandantes pedían indemnización de 152.4 millones de dólares por el cierre de casinos en Naucalpan, Villahermosa, Ciudad de México, Cuernavaca mientras que el Gobierno de México consideró que, en el mejor de los casos, el negocio que perdieron valía 11.8 millones de dólares.

Los árbitros asignaron 80.8 millones de dólares por este concepto. Los casinos operaban bajo la razón social Juegos de Video y Entretenimiento, y la Segob los cerró por problemas heredados por la empresa Entretenimiento de México.
La entonces directora General de Juegos y Sorteos de Segob era la política priista Marcela González Salas, quien falleció en 2023.

El laudo también condena a México a pagar 4.5 millones de dólares por los derechos que ya no se ejercieron para abrir dos casinos más y un casino en línea, en contraste con 155 millones que pedían los reclamantes, así como 7.5 millones de dólares por gastos de abogados y costos del arbitraje.

El monto final del pago podría ser de más de 100 millones de dólares, pues se incluyen intereses de 4.57 por ciento anual, acumulados desde hace más de diez años. Cabe mencionar que, para defender este caso, la Secretaria de Economía gasto 2.7 millones de dólares en abogados, viáticos y honorarios de expertos, entre otros conceptos.

El árbitro Raúl Vinuesa, de nacionalidad argentina y española, votó en contra de condenar a México, pues consideró que los demandantes no probaron el trato inequitativo ni alguna intención política por parte de Segob.