México: Segob prepara reforma legal contra el lavado de dinero en casinos y centros de apuestas

La Secretaría de Gobernación (Segob) de México tiene lista una propuesta para reformar la legislación que regula casinos y centros de apuestas, con el objetivo de fortalecer los controles contra el lavado de dinero y la defraudación fiscal. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, será presentada ahora ante el gabinete de seguridad.

Una ley con casi 80 años de vigencia

La Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, para adaptar el marco regulatorio de la industria de casinos y apuestas a los riesgos actuales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la iniciativa el 3 de septiembre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según explicó, el proyecto es resultado de aproximadamente dos años de trabajo entre Segob y distintas dependencias federales vinculadas con el sector.

La propuesta fue elaborada por instrucción directa de Sheinbaum y ya terminó su revisión interna. El siguiente paso será su análisis por parte del gabinete de seguridad.

Advertencia a los operadores

Rodríguez también reveló que, al comienzo de la actual administración, convocó a los titulares de los permisos de las principales industrias del sector —casinos y centros de apuestas— para establecer las condiciones de la relación con el Gobierno.

La funcionaria aseguró que advirtió a los operadores sobre las consecuencias de intentar corromper a funcionarios de Segob.

“Lo primero que quiero de ustedes es que por favor no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar los negocios y voy a meter a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes a la cárcel”.

Rodríguez agregó que los empresarios tampoco cuentan con representantes o intermediarios autorizados para gestionar asuntos ante la Secretaría.

“Ni brokers ni intermediarios por parte de la Secretaría para ustedes. No tengo ningún representante; cosas que quieran tratar es directamente conmigo”.

A cambio, Segob ofreció atender la situación de amparos y otros trámites pendientes de los operadores. La secretaria sostuvo que el acuerdo se ha cumplido y que la relación con la industria se mantuvo estable durante los dos años de gestión.

Alrededor de 20 casinos son investigados

Rodríguez reconoció que existen investigaciones relacionadas con establecimientos del sector, aunque aclaró que esos casos corresponden a otras autoridades federales.

“Tiene que ver con lo que ustedes conocen, que es público, de 13 casinos y de otros más, deben de ser unos 20”.

Las investigaciones involucran a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los casos están relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.

De acuerdo con información previamente reportada, en noviembre de 2025 la UIF detectó operaciones consideradas de alto riesgo en 13 casinos, incluyendo movimientos en efectivo, transferencias internacionales y utilización de plataformas digitales no supervisadas.

Más de 202.000 reportes ante la UIF

El sector también se encuentra bajo un creciente monitoreo financiero.

Entre enero y mayo de 2026, las empresas de juegos con apuestas presentaron 202.045 reportes de actividades ante la UIF, correspondientes a operaciones por al menos 15.287 millones de pesos mexicanos.

Las cifras reflejan la magnitud de las operaciones que actualmente son objeto de supervisión por parte de las autoridades financieras mexicanas.

Hacienda refuerza las medidas contra el lavado

La iniciativa de Segob coincide con nuevas medidas adoptadas por Hacienda para fortalecer el sistema de prevención de lavado de dinero.

El 10 de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas Reglas de Carácter General vinculadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un Enfoque Basado en Riesgo, mediante el cual los operadores de actividades vulnerables deben identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes, operaciones y zonas geográficas.

Las nuevas disposiciones también refuerzan los controles sobre el conocimiento del cliente, la identificación del beneficiario controlador y las Personas Políticamente Expuestas.

Los sujetos obligados tendrán hasta el 30 de noviembre de 2026 para actualizar sus procedimientos internos, de acuerdo con el calendario de implementación establecido.

Segob también apunta al juego online

La ofensiva regulatoria alcanza además al segmento de casinos en línea.

En julio de 2026, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de Segob suspendió 10 dominios de casinos online que operaban bajo permisos autorizados en México.

Las medidas se produjeron en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades, entre ellas posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La reforma todavía debe avanzar en el proceso legislativo

Aunque la propuesta ya completó su revisión dentro de Segob, todavía no está lista para convertirse en ley.

Rodríguez explicó que primero deberá ser evaluada por el gabinete de seguridad.

“Vamos a ver si la ley pasa por el gabinete de seguridad, nos aprueban y pues para adelante”.

La secretaria señaló además que la propia industria ha solicitado actualizar la legislación, debido a que la norma vigente data de 1947 y no refleja la evolución del mercado ni los nuevos riesgos financieros asociados a las apuestas.

Como medida adicional para prevenir actos de corrupción durante las inspecciones, Rodríguez pidió a operadores e inspectores que graben con sus teléfonos celulares las visitas de verificación.

“Así no va a haber ningún problema; los dos van a tener las pruebas de cualquier tema”.

El Gobierno mexicano busca así combinar la actualización del marco regulatorio con mayores controles financieros y medidas destinadas a prevenir la corrupción dentro de la supervisión del sector.