Ningún salón de juegos podrá abrir a menos de 300 metros de un colegio en Galicia

Pocas leyes han tenido un recorrido tan largo como el de la actual Lei do Xogo de Galicia, que no había sido tocada desde 1985, y que llega por fin hoy al Parlamento. «Media ducia dos que estamos aquí nacemos despois da súa entrada en vigor», advirtió la diputada nacionalista Iria Carreira. Tanto el BNG como el PSdeG presentaron enmiendas a la totalidad para la devolución del texto. El PP hizo uso de su mayoría absoluta en el Parlamento para rechazar ambas peticiones e inicia así el trámite parlamentario para la aprobación de la nueva norma, que introduce la limitación del número de locales y máquinas de juego en la comunidad y fija una distancia mínima entre los nuevos establecimientos y los centros de enseñanza y de rehabilitación. Queda fuera de la normativa el juego online, que es de competencia estatal, por lo que el Gobierno gallego solo podrá limitar el juego presencial y la apertura de establecimientos. 

«Nos move a prevención e a protección, ofrecendo seguridade, garantindo a protección aos menores e velando pola orden pública. Buscamos un xogo responsable», defendió el vicepresidente segundo Diego Calvo, durante su exposición en la cámara del texto, que había sido aprobado en el Consello de la Xunta celebrado a finales de septiembre. Calvo recordó que el proyecto fue sometido «a todo tipo de informes e organismos», enumerando entidades y colectivos que participaron en su elaboración. «Falamos con todos os sectores», subrayó ante las críticas de PSdeG y BNG, que acusan al Gobierno gallego de impulsar una normativa «que se queda curta», «non ten ambición» y plantea una «inconcreción elevada». «O único que fai é crear un marco para logo inserir regulamentos», reprochó el socialista Julio Torrado.

Máximo de locales

La nueva ley fija un límite de establecimientos y terminales de juego en Galicia. Habrá así un máximo de dos casinos y otras tantas salas adicionales, doce bingos, 118 salones de juego -4 más de los existentes- y 41 tiendas de apuestas -ocho más que ahora-. La apertura de locales está paralizada desde el 2019, cuando la Xunta aprobó un decreto que restringía el número de negocios a los ya existentes. La duración fijada para todas las autorizaciones, que hasta ahora era indefinida, será de 15 años.

Otro elemento clave en la actualización de la normativa es la prohibición de abrir establecimientos de juego una distancia inferior a 300 metros de colegios e institutos y de los centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas, así como a la misma distancia de cualquier otro local de juego. Estas distancias se medirán en forma radial, por lo que se amplían respeto a los 150 metros lineales actuales.

No se podrán conceder préstamos o créditos a personas usuarias de juegos y tampoco se permitirá conceder bonificaciones, partidas gratuitas o cualquier elemento que se pueda canjear por dinero. Los concellos tendrán capacidad para aplicar limitaciones y restricciones adicionales en cuanto a la apertura de establecimientos de juego.

Locales en restauración 

En el caso de las máquinas de juego, se fija un máximo de dos en los establecimientos de restauración y de ocio y entretenimiento: tanto las de tipo A especial, las popularmente conocidas como tragaperras, y las de tipo B, las de apuestas. De las primeras se fija un límite de 12.000 en toda la comunidad para locales de hostelería, mientras que las de apuestas no podrán superar las 3.600. En ningún bar podrá haber máquinas de tipo C, las de azar exclusivas de casinos de juego y sin límite en cuanto al premio máximo que pueden otorgar.

Todos los establecimientos de juego -casinos, salas de bingos, salones de juego y tiendas de apuestas- quedan obligados a disponer de un control de acceso para evitar la entrada de menores de edad y personas que figuran inscritas de manera voluntaria en el Registro de Prohibidos. En los casinos y salas de bingo también se exigirá registro de admisión. Además, la nueva norma prohibirá todo tipo de publicidad del juego de competencia autonómica en los medios públicos autonómicos.

Las sanciones por incumplir la normativa oscilarán entre los 100 y los 100.000 euros, aunque en casos excepcionales podrán llegar a 600.000 euros. La ley también faculta a la Administración para incautar las máquinas que incumplan la norma o suspender la autorización de actividad de forma temporal.

Último trámite parlamentario

Torrado acusó a Diego Calvo de hablar más de la propuesta que habían hecho los socialistas para actualizar la ley del juego que de la suya. El Parlamento había rechazado a principios de octubre el plan del PSdeG, pero los socialistas valoraron entonces que su iniciativa «arrastrou» al Gobierno gallego a legislar sobre este tema. «Poderemos perder a votación, pero gañamos o debate social», reivindicó el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, que calificó la nueva ley como «tibia, branda, falla de ambición e de valentía», reclamó corregir algunas de esas inconcreciones que observa en la norma, como exigir el DNI electrónico para mejorar los controles de acceso o incrementar la dotación económica para prevención da ludopatía. 

La aprobación de la normativa se producirá seis años después de que el PP llevase en su programa electoral la actualización de la ley y tras cumplirse cuatro de que la diputada popular Paula Prado impulsase en una comisión parlamentaria una iniciativa para que la Xunta iniciase su tramitación.