Polémica en Costa Rica: Comisión Legislativa Rechaza Proyecto para Fortalecer la JPS y Regular Loterías Ilegales

Este miércoles, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto de ley expediente 25.057, diseñado para fortalecer las competencias de la Junta de Protección Social (JPS), actualizar la regulación de loterías y juegos de azar y combatir la operación de apuestas ilegales en el país.

La votación terminó con tres votos a favor y cinco en contra, lo que deja el proyecto con un dictamen negativo de mayoría y lo envía al Plenario Legislativo, donde se decidirá si continúa su trámite o se archiva definitivamente.

Los diputados que votaron a favor del proyecto fueron Gilberth Jiménez, Pilar Cisneros y Horacio Alvarado, quienes consideraron que la iniciativa era una herramienta clave para modernizar la legislación sobre loterías y juegos de azar en Costa Rica. El diputado Fabricio Alvarado, coautor del proyecto, se encontraba ausente durante la votación.

Qué implicaría no aprobar el proyecto

De no prosperar la iniciativa, se mantendría el marco actual que regula el mercado de loterías, juegos de azar y apuestas, en el cual operan ventas clandestinas, plataformas ilegales y redes no autorizadas que no tributan, no están sujetas a controles estatales y no aportan recursos a los programas sociales que financia la Junta de Protección Social.

Alcances del expediente 25.057

El proyecto de ley tenía como objetivos principales:

Fortalecer las competencias exclusivas de la Junta de Protección Social en materia de loterías, apuestas y juegos de azar.

Regular de forma clara y actualizada la venta de loterías, juegos de azar y apuestas deportivas mediante títulos habilitantes.

Sancionar penalmente la venta, administración y financiamiento ilegal de loterías y apuestas, incluyendo penas de prisión.

Proteger a la población, especialmente a personas menores de edad, y promover el juego responsable.

Garantizar que los recursos generados por estas actividades se destinen al fin social y no a estructuras criminales.

Durante el proceso de consultas legislativas, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones manifestaron su respaldo al proyecto.