República Dominicana avanza con un registro de autoexclusión para personas que dejen de apostar

El diputado Rogelio Alfonso Genao destacó las principales novedades de la iniciativa, que busca actualizar una legislación vigente desde 1964. El proyecto establece obligaciones para los operadores, restricciones publicitarias y mecanismos de protección para los jugadores, aunque deberá volver a ser tratado por el Congreso tras haber perimido en la legislatura anterior.

Un nuevo marco para los juegos de azar

El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana incorpora mecanismos destinados a fortalecer la protección de los jugadores y adaptar la normativa al crecimiento de las apuestas por internet.

El diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que estudió la iniciativa, destacó que la propuesta introduce por primera vez herramientas específicas para la prevención y atención de la ludopatía.

Según el legislador, la iniciativa busca modernizar una regulación que data de 1964 y que actualmente no contempla de manera suficiente el desarrollo de las plataformas digitales ni las políticas de juego responsable.

Registro Nacional de Autoexclusión

Uno de los principales cambios previstos es la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, contemplado en el artículo 38 del proyecto y que estaría bajo la administración de la Dirección General de Juegos de Azar.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse tanto de manera presencial como electrónica. Las personas que decidan incorporarse deberán permanecer en el registro durante un período mínimo de seis meses.

Durante ese período, los operadores estarán obligados a consultar el registro antes de permitir el acceso a sus establecimientos, abrir cuentas o pagar premios a las personas autoexcluidas.

Además, tendrán prohibido enviarles publicidad, promociones o bonificaciones vinculadas con juegos de azar.

Genao remarcó que la autoexclusión no constituye una prohibición impuesta por el Estado, sino una decisión voluntaria del ciudadano que deberá ser respetada por las empresas del sector.

Recursos para prevenir y tratar la ludopatía

El proyecto también contempla mecanismos de financiación para programas destinados a la prevención, atención y tratamiento del juego patológico.

De acuerdo con el artículo 170 de la iniciativa, el 10 % de los recursos recaudados mediante las multas previstas en la legislación será destinado a estos programas, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La propuesta incorpora además una línea telefónica gratuita y permanente, atendida por profesionales de la salud mental, junto con campañas educativas sobre los riesgos asociados al juego.

Advertencias obligatorias en la publicidad

Como parte de las medidas de juego responsable, las piezas publicitarias, boletos, mostradores y páginas web relacionadas con juegos de azar deberán incorporar la advertencia: “Jugar Puede Provocar Adicción y Afectar la Salud”, acompañada por el número de la línea de asistencia.

El proyecto también establece que los operadores no podrán otorgar préstamos o créditos destinados a que los jugadores continúen apostando, ni aceptar determinados bienes, valores o acciones como forma de pago.

Mayores controles para las apuestas online

La regulación de las apuestas digitales constituye otro de los ejes centrales de la iniciativa.

El artículo 82 establece que las plataformas deberán verificar la identidad y la mayoría de edad de los usuarios mediante los registros de la Junta Central Electoral antes de permitir depósitos o apuestas.

Los operadores también deberán ofrecer herramientas para establecer límites de depósitos, pérdidas y tiempo de juego, además de emitir avisos periódicos sobre la duración de las sesiones.

Bloqueo de plataformas ilegales

La iniciativa también busca fortalecer la lucha contra las plataformas que operen sin autorización.

La Dirección General de Juegos de Azar podrá solicitar, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el bloqueo de dominios y aplicaciones que funcionen sin licencia.

Asimismo, podrá solicitar a las entidades de pago la suspensión de transacciones destinadas a operadores ilegales.

El proyecto establece además que las autoridades deberán mantener una lista actualizada de las plataformas autorizadas y de los sitios bloqueados. Para los juegos por internet, contempla un impuesto mensual del 10 %.

Incumplimientos podrían derivar en la pérdida de la licencia

Las nuevas disposiciones también contemplan un endurecimiento de las sanciones para los operadores que incumplan las políticas de juego responsable.

Las infracciones podrían derivar en la cancelación o revocación de las licencias, mientras que la falta de conexión al sistema de control del regulador sería considerada una infracción muy grave.

En estos casos, las sanciones previstas incluyen multas de entre 200 y 400 salarios mínimos del sector público, además del cierre provisional del establecimiento durante un período de tres a seis meses.

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones de juegos de azar sin autorización podría recibir penas de dos a cinco años de prisión.

El proyecto deberá volver al Congreso

Aunque la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto el 23 de julio, la iniciativa perimió al concluir la legislatura anterior, por lo que deberá ser nuevamente conocida por el Congreso.

Genao defendió la necesidad de avanzar con la modernización del marco regulatorio y sostuvo que el crecimiento de la industria debe estar acompañado por mayores obligaciones para los operadores y herramientas destinadas a reducir los riesgos asociados al juego, especialmente aquellos vinculados con la adicción.