Senado paraguayo posterga el estudio de ley de protección a niños de tragamonedas

La senadora Esperanza Mar­tínez fue quien mocionó la postergación del estudio del proyecto y afirmó que era un pedido unánime de la Comi­sión de Hacienda. Incluso señaló que sería necesa­rio realizar una audiencia pública.

“Considerando la comple­jidad del tema, la situa­ción social que se ha desa­tado con esto y la posición, a nuestro criterio, total­mente irregular de parte de la Conajzar de hacer una tercerización de sus com­petencias y de la explota­ción, cosa que es una atribu­ción municipal, planteamos hacer una audiencia pública con todos los sectores para hacer un amplio debate”, propuso la legisladora.

Por su parte, el senador Blas Llano, uno de los pro­yectistas, señaló que no era necesario convocar a una audiencia pública, y que urge el tratamiento y aprobación de esta ley, dado que los niños y ado­lescentes siguen expuestos a estas máquinas de juegos de azar que están ubicadas en las veredas de cualquier comercio y sin ningún tipo de control.

“Cada día que nosotros les demos es para que esta gente siga especulando, siga ganando dinero”, indicó el senador respecto a las ganancias millonarias que genera este negocio, el que se maneja totalmente en la clandestinidad.

El legislador Sergio Godoy fue quien precisó que el artí­culo Nº 222 de la Constitu­ción Nacional establece que la Cámara de Diputados es la que debe tener la iniciativa respecto a este tipo proyec­tos que tienen implicancias en la legislación municipal.

Es importante destacar que el proyecto dispone que uno de los órganos de control de la explotación de tragamo­nedas serán las municipa­lidades.

“Con este defecto de forma pueden llegar a conseguir una medida cautelar y ope­rar durante años”, expresó el senador, haciendo refe­rencia a quienes explotan este negocio. Los senado­res Blas Llano, Enrique Bac­chetta y Esperanza Martí­nez también cuestionaron la concesión a la firma Icrop SA, empresa que actual­mente se encarga de regu­lar el negocio y de cobrar los cánones correspondientes, y la que se queda con el 76% de las recaudaciones.

Mientras esto se sigue dila­tando, el problema sigue sin solucionarse, dado que miles de máquinas tragamonedas siguen operando en negro y generando ganancias millo­narias para sus dueños y para los funcionarios municipa­les, quienes hacen cobros irregulares por la explota­ción y cuyo rédito no llega a las arcas del Estado. Los niños y adolescentes siguen teniendo a su alcance estas maquinitas, y se convierten en un blanco fácil para la adicción a los juegos de azar.