Tribunal tailandés confirma la extradición del magnate chino del juego tras más de tres años de batalla legal

She Zhijiang, de 43 años, ciudadano chino con pasaporte camboyano, fue arrestado en agosto de 2022 bajo una alerta roja de Interpol solicitada por Pekín, que lo acusa de dirigir operaciones ilegales de apuestas en línea a gran escala.

En mayo de 2024, un tribunal penal tailandés aprobó su extradición a China, pero su equipo legal apeló la decisión argumentando que violaba la ley tailandesa. Posteriormente, el Tribunal Constitucional de Tailandia determinó que la orden de extradición era legal, despejando el camino para su entrega.

Según la Fiscalía, She será extraditado a China para ser juzgado por operar casinos ilegales y fundar 239 sitios web de apuestas, con un capital circulante que superaría los 12,63 billones de baht (385.650 millones de dólares). También se le acusa de haber desarrollado y gestionado dos casinos en Shwe Kokko, Myanmar, donde supuestamente atrajo a ciudadanos chinos a participar en actividades de juego en línea.

She, actualmente detenido en la prisión de Bangkok Remand, niega todos los cargos, alegando que el caso tiene motivaciones políticas y se basa en acusaciones que datan de 2011, según declaró su abogado Sanya Eadjongdee a Reuters.

El Tribunal de Apelación emitió su decisión el 6 de noviembre y notificó oficialmente a She y a su equipo legal este lunes. Las autoridades tailandesas disponen de 90 días para coordinar su extradición a China.

En el momento de su arresto, She encabezaba un imperio del juego centrado en Shwe Kokko, un complejo de casinos, entretenimiento y turismo de 15.000 millones de dólares ubicado en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve empresas e individuos vinculados a Shwe Kokko por sus relaciones con redes regionales de estafas y trata de personas.

Las zonas fronterizas entre Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya se han convertido en focos de fraude en línea y tráfico de personas desde la pandemia de COVID-19. Según las Naciones Unidas, miles de millones de dólares se han generado a partir de la explotación de cientos de miles de trabajadores forzados en estos complejos ilegales.