Según el ministro, la modalidad de apuestas de cuota fija (bets) implica alto riesgo y demanda una regulación estricta. Recordó que el propio STF ya identificó una “protección insuficiente” y un “déficit regulatorio” en el sector, lo que requeriría un marco regulatorio nacional —y no municipal—.

“En mi entender, el escenario parece incompatible con la proliferación de loterías a nivel municipal. Las normas cuestionadas en esta acción revelan la instauración de sistemas de apuestas y sorteos que establecen directrices y parámetros que pertenecen a la competencia legislativa privativa de la Unión, así como la autorización para ceder la explotación de la modalidad de apuesta de cuota fija a personas jurídicas no autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA)”, escribió.

La suspensión, válida hasta el juicio del mérito, busca evitar el avance de iniciativas que, en la visión de Nunes Marques, distorsionan la estructura federativa.

Destacó que legislaciones de municipios como São Vicente (SP), Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) y Campinas (SP) parecen “innovar la disciplina federal sobre la distribución de los valores recaudados, lo que genera un verdadero desequilibrio federativo”.

“No solo debido a la contrariedad con la estructura de reparto de competencias entre los entes, sino también por promover un trato desigual entre sujetos que deberían estar sometidos a una disciplina idéntica”, afirmó. “Además, la disonancia entre los valores exigidos por los municipios a las empresas en el proceso de licitación y aquellos requeridos por la Unión, los Estados y el Distrito Federal tiende a comprometer la competitividad entre las loterías, ya que la población tiende a optar por los billetes de menor costo.”

Al justificar la urgencia, el ministro afirmó que el caso implica riesgo de profundización de disputas jurídicas y de prácticas irregulares ya en curso, describiendo la situación como “capaz de acarrear no solo el agravamiento del cuadro de inconstitucionalidad señalado, sino también el aumento de la inseguridad jurídica”, considerando la proliferación de iniciativas municipales, la multiplicidad de impugnaciones y la posibilidad de flexibilizar el control y la fiscalización.

Nunes Marques también determinó multas diarias en caso de incumplimiento:

• R$ 500 mil por día para municipios y empresas que mantengan el servicio;
• Multa personal de R$ 50 mil por día para alcaldes y presidentes de operadoras que desobedezcan la decisión.

La determinación refuerza el entendimiento del STF de que la regulación de las apuestas debe permanecer bajo competencia exclusiva de la Unión.