El caso comenzó en agosto de 2016, cuando un llamado anónimo alertó que en algunas agencias se estaban cobrando premios de ganadores que no los habían reclamado. De inmediato el IPJyC ordenó a la empresa interviniente, Inversora Internacional de Valores (Ivisa), que revisara la seguridad del sistema.

¿Cómo funcionaba la maniobra? En ese momento los tickets de las apuestas tenían un nivel de seguridad bajo en el sistema de código de barras. Entonces muchos agencieros podían ver qué premios estaban por prescribir y no habían sido reclamados. “Simulaban el cobro ellos mismos y se quedaban con la plata, cuando es el Estado el propietario de los premios denominados 'presriptos'”, explicó la titular del IPJyC, Josefina Canale.

Al descubrir la situación el Instituto ordenó una auditoría a la UNCuyo, “institutión objetiva e intachable”, para saber a cuánto ascendía el fraude, que llevaba al menos 4 años en marcha según dijo Canale. “Cada paso en el proceso administrativo interno fue comunicado a fiscalía de Estado y la fiscalía de Delitos Económicos”, agregó la funcionaria.

A finales de 2018 el IPJyC obtuvo los resultados de la auditoría tras lo cual comenzó el proceso de cobro a las agencias para mitigar el perjuicio al Estado.

En total fueron 83 las agencias intimadas: dos de las cuales cerraron antes del proceso y tenían un monto bajo en la mira ($2.000 y $7.000); una presentó documentación respaldatoria en defensa que está siendo auditada; y otras 80 adhirieron a un plan de pagos otorgado por el Gobierno. En total se cobrarán alrededor de $4,5 millones a estos agencieros.

Además, el último paso fue cobrarle $1,2 millones a Ivisa en “compensación por los gastos ocasionados al IPJyC y en el procedimiento de investigación de premios prescriptos”, según se desprende de la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Este monto ya fue directamente descontado a la empresa del monto que Tesorería debe transferirle por la comisión del 3,7% que cobra en el servicio de Quiniela, detalló Canale.

Sin embargo, es que tanto los agencieros implicados como la empresa sancionada podrán seguir operando de momento ya que la normativa del IPJyC es “laxa” en este tipo de casos. Por ello, la gestión solo puede ocuparse del recupero del dinero para mitigar el perjuicio.

La fiscalía de Delitos Económicos será quien determinará si hubo un delito penal y, en ese caso, qué responsabilidad cabe a los implicados.