Insisten en impedir el juego online en la Ciudad de Córdoba

El proyecto de los concejales opositores es simple y contundente: tiene un solo artículo que encierra la única posibilidad que tiene –según sus promotores– la administración de Martín Llaryora: la prohibición al juego online en la capital cordobesa, tras la sanción de la ley que lo regula a nivel provincial. Desde los radicales atomizados en cuatro bloques hasta las dos edilas del Pro, pasando por los vecinalistas y los juecistas, han plasmado su firma en la iniciativa impulsada por el edil Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal). El Frente de Izquierda no estampó su firma en el proyecto, pero también fijó su posición en contra, reveló ayer en un informe el periodista Rodrigo Miranda.

“La Municipalidad de Córdoba, a través de su Concejo Deliberante, tiene que ser clara y tajante respecto al juego online y la ley aprobada por la Legislatura”, afirmó Quinteros al defender la propuesta opositora. “Nada vuelve del juego. Se mete la mano al bolsillo del que más necesita y no le vuelve a la gente recursos y en mejoras de vida. Esto se queda en esa caja de los negocios y las apuestas que no va a mejorarle la vida a la gente sino a empeorársela”, expresó a su turno, Olga Riutort (Fuerza de la Gente), quien actúa en tándem con el vecinalista en varios proyectos presentados.

Por su parte, Juan Negri, jefe del bloque Córdoba Cambia, advirtió por el “silencio” del Intendente en torno a este tema. En una carta pública, el radical le pidió a Llaryora que se exprese “claramente” en contra del juego online en la ciudad. Sobre el particular, sumó: “Que le de tranquilidad a los cordobeses que cuando se reglamente la ley provincial, el municipio y él harán todo lo que tengan que hacer para que no funcionen ningún de este tipo de páginas web en la ciudad”.

Su correligionario en Evolución, Esteban Bria, destacó que “Córdoba ha dado muestra de una férrea oposición a la legalización del juego en la ciudad y creo que es un criterio que debe mantenerse”. “Con este tema una cosa es regular y otra muy distinta es hacer cumplir la regulación, es verdad que hay una ordenanza que lo prohíbe pero como todo lo bueno suele encontrar fisuras y más cuando del gobierno hacen la vista gorda”, puntualizó.

Alfredo Sapp, titular de la bancada UCR, alimentó el debate con una verdad de perogrullo que se desprende del juego: “La banca siempre gana”. “Obviamente, los pobres son los que históricamente pierden y van a ganar los que históricamente ganan, que son las minorías que conforman un poder económico muy concentrado”, aseveró. El edil radical Lucas Balian (Vamos Córdoba) se pronunció a favor de volver a decirle que no al juego en Córdoba. “Debemos lograr el compromiso de que se sancione esta ordenanza en tiempo y en forma, por más no sea al principio del próximo período ordinario de sesiones”, apuntó.

Votos macristas y juecistas

Los concejales Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández reafirmaron su rechazo en línea con la posición histórica del Frente Cívico que fue plasmada en una ordenanza durante la gestión de Luis Juez que luego fue derogada al sancionarse el Código de Espectáculos Públicos -en la administración de Daniel Giacomino-, aunque esta última normativa regula idéntica prohibición. “Córdoba no debe ser facilitadora de negocios millonarios a sectores empresariales a costa de la salud y la economía de sus vecinos. Córdoba debe mantenerse firme en su histórica posición contra el juego y la lucha contra la ludopatía”, remarcaron los juecistas.

Cómo sigue

La oposición promete ir a fondo con todo el arsenal disponible y los resortes parlamentarios para dar la batalla en el plano legislativo. El escenario en el Concejo es casi de paridad, los 15 opositores demandan una nueva ordenanza que deje explícito la prohibición del juego online en la ciudad, aunque se topan con la mayoría oficialista por un voto que le garantiza la cláusula de gobernabilidad.

No obstante, si el oficialismo mantiene su tesitura de no innovar, y ante el avance de la regulación por parte de la provincia (Lotería de Córdoba será la autoridad de aplicación de la ley en todo el territorio cordobés), los ediles opositores anticipan la disputa en terreno judicial.

“Si todos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión -por la prohibición de este tipo de juego-, en todo caso lo que abunda no daña”, enfatizaron los opositores en un tiro por elevación a la gestión Llaryora para que habilite una discusión frontal en el Concejo y se avance con la sanción de esta ordenanza que busca no dejar ningún margen de dudas en la normativa de la ciudad.

“El municipio tiene autonomía y poder de policía para regular en esta materia y nadie se puede hacer el distraído o mirar para otro lado. O se está a favor o se está en contra, y si le decimos no al juego en la ciudad, no se pueden admitir actitudes ambiguas”, sentenció Quinteros.

Desde el oficialismo insistieron en su postura de que existe “una ordenanza que prohíbe” el juego en la ciudad y no quieren hablar más del tema. En su negativa de exponer abiertamente su posición, argumentaron que no quieren alimentar el “juego político” que busca la oposición en medio de la interna de Juntos por el Cambio.

El último en pronunciarse al respecto fue el viceintendente Daniel Passerini, quien un día después de la sanción de la ley por parte de la Unicameral sostuvo que “en la ciudad no se modifica nada, porque ya tiene una ordenanza” que incluso “fue ampliada en 2017 donde prohíbe juegos electrónicos”.

“Esta es una discusión de regulación que es una facultad que tiene la provincia donde claramente al Concejo se quiso introducir una discusión para participar de un debate legislativo”, manifestó a El Doce la segunda autoridad de la ciudad.

Justamente, la regulación por parte de quien será la autoridad de aplicación de la normativa a nivel provincial (Lotería de Córdoba) es clave para la oposición en la capital. Este punto resulta neurálgico para los no oficialistas y promete sumar varias instancias en la batalla opositora en todos los frentes, incluido el judicial en torno a la autonomía de la Municipalidad para regular en esta materia.