Juego Online: oposición busca reinstalar el debate desde tribunales

Once ediles de la oposición decidieron ayer ensayar una nueva embestida, ahora judicial, para intentar cargarle al oficialismo municipal el costo político que Hacemos por Córdoba no pagó a nivel provincial cuando la Legislatura aprobó, en la última sesión del año, la regulación del juego online.
En realidad, en ese entonces el costo fue absorbido casi exclusivamente por la oposición, que a pesar de aportar una porción mínima de los votos terminó captando toda la atención, sumida en una pelea feroz entre quienes propusieron y respaldaron el proyecto -Orlando Ardúh y los legisladores del PRO- y el bloque Juntos UCR, desde donde acusaron a su correligionario de haber hecho el “trabajo sucio del peronismo”.
Esa fractura vuelve a evidenciarse ahora en el Concejo Deliberante, puesto que las ediles del PRO decidieron no estampar sus firmas junto a las de sus compañeros de interbloque, quienes sí acompañaron una iniciativa conjunta con Juan Pablo Quinteros, concejal por Encuentro Vecinal. Esa iniciativa consistió en plantear, ante la Justicia, una acción declarativa de certeza que tiene por objeto despejar toda duda respecto de si la ley 10.793, que reguló el juego online en la provincia, tiene o no eficacia en la ciudad de Córdoba.
El debate es ya conocido. El código de Espectáculos Públicos prohíbe el juego en la ciudad, mientras que la referida ley provincial regula el juego online sin excluir taxativamente a la ciudad de Córdoba.
El oficialismo sostiene que, en virtud de la autonomía municipal, la prohibición del juego en la ciudad que figura en la ordenanza 11.684 no deja dudas, y que dar nuevo tratamiento al asunto resulta, por redundante, completamente innecesario. Además, está convencida de que la real intención de la oposición es forzar a los ediles del oficialismo a posicionarse en contra de un proyecto que Hacemos por Córdoba respaldó en la Legislatura.
La oposición, por su parte, entiende que la prohibición que figura en el Código de Espectáculos Públicos, en los términos en que está redactada y regulada, no consigue abarcar el fenómeno del juego online, lo que hace necesaria una prohibición específica o, llegado el caso, una regulación que arbitre los mecanismos técnicos necesarios para garantizar que los habitantes de la capital no podrán acceder a las plataformas virtuales que gerenciarán las apuestas en línea.
En el medio, dictámenes de juristas de renombre abonan las distintas posturas.
Hay tres hipótesis respecto de lo que podría suceder en la Justicia. Una, que se avale la postura de quienes presentaron la acción y se determine que la legislación municipal no plantea un obstáculo infranqueable para que el juego online termine convirtiéndose en una realidad también en la capital. Otra, que se afirme que la normativa municipal es concluyente, con lo cual no sería necesario redundar en la prohibición. La tercera, que la Justicia entienda que se trata de un asunto no justiciable, exento de la autoridad de los magistrados.
En suma, ante la cercanía del proceso licitatorio (fue pospuesto de julio para agosto), la oposición busca un golpe de efecto que devuelva el debate a las marquesinas. Desde el oficialismo, entre tanto, no dan mayor crédito a la movida opositora, a la que interpretan como una mera búsqueda de visibilidad, en torno a una cuestión abstracta.