Tras esa sentencia, las firmas Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin -asesoradas por el abogado Carlos Baeza-, decidieron sumar a sus filas al estudio Gómez, Pallavicini & García Abogados, además del experto en derecho civil Carlos Pizarro, quien realizó una detallada revisión sobre la legalidad de las casas de apuesta online desde esa perspectiva.

La armada legal la completan en la arista penal los abogados Jorge Bofill y Matías Balmaceda.

Las compañías contrataron al estudio boutique -formado en 2017 por Gastón Gómez Bernales, José Francisco García y Julio Pallavicinidedicado a materias de derecho público, regulación económica y litigación compleja. La idea es reforzar las estrategias de las plataformas de juego considerando que la normativa que tiene por objeto regularizar esa industria todavía se discute en el Congreso.

Los argumentos

Por primera vez desde que partió la batalla por controlar esta actividad, las plataformas decidieron realizar un análisis civil sobre la legalidad de sus operaciones. Y es que la sentencia de la Corte Suprema apunta a que, desde este cuerpo del derecho, las casas de apuestas en línea serían ‘ilegales’.

Días después del fallo, esas empresas contactaron al profesor de derecho civil de la U. Diego Portales, Carlos Pizarro, para revisar el ajuste del dictamen con el Código Civil y comprobar la tesis que planteó la Tercera Sala. Se escogió a este profesional porque cuenta con varios estudios en diversas materias como: análisis en disputas entre WOM contra Entel; la caída del avión Casa C-212 de la FACh en Juan Fernández en 2011, además de informes para ENAP sobre residuos peligrosos, ere otros casos.

Sobre la polémica que envuelve a las casas de apuestas en línea, Pizarro concluye en un informe de 21 páginas que ‘el contrato de juego de azar no está prohibido en el Código Civil. Sólo la deuda que emana de él es un supuesto de objeto ilícito, cuya nulidad exige una sentencia judicial ejecutoriada. De manera tal que mientras no se declare la nulidad, el contrato de juego de azar produce efectos’.

En ese sentido, el abogado sostuvo que el fallo es ‘equívoco’ porque extrapola el supuesto de ‘objeto ilícito’ de la deuda de una apuesta a la prohibición del contrato. Consultado, Pizarro explicó que desde el punto de vista del Código Civil ‘es bastante claro que no existe prohibición del juego’, añadiendo que respaldarse en ese cuerpo legal ‘para determinar que hay una prohibición me parece un argumento muy débil y descontextualizado; sobre todo porque las normas tienen que aplicarse en un contexto social, que apunta a que, efectivamente, la sociedad tolera el juego y la apuesta’.

En detalle, Pizarro sostuvo que ‘limitándose a la mirada del derecho civil artículo 1466 que regula el juego de azar, no es un argumento para entender que hay una prohibición de los contratos. Además, no se trataba de un juego de azar, sino que del ejercicio de las apuestas. Me parece que el fallo de la Corte Suprema es errado en torno a esgrimir como fundamento el derecho civil para concluir que está prohibida la apuesta online’.