Tras incluir la ley en el presupuesto 2019, el gobierno provincial avanzó en mayo con los pliegos de un concurso que permita adjudicar ese negocio a siete grupos conformados por empresas nacionales e internacionales que manejarán las apuestas deportivas, turf, casino virtual y eventos en vivo (por ejemplo, quien ganará un reality show).

Desde La Plata aseguran que la adjudicación no está desestimada, aunque sí reconocen que no hay celeridad en el proceso. Agregan además que el director de Lotería y Casinos, Matías Lanusse, mantuvo en los últimos días contactos con empresas que participan en el proceso.

La polémica iniciativa surgió como parte de un artículo del presupuesto y significaba para el gobierno blanquear un negocio que hoy funciona en las sombras, sin regulación alguna. Para Vidal, el objetivo era poder contar desde ahí con fondos frescos para obras.

Sin embargo, la elección del 11 de agosto frenó el proceso y desde ese momento, el tema dejó de ser importante pese a la insistencia de Lanusse para avanzar con el procedimiento.

De cara a un eventual segundo mandato, el juego online aparecía como una forma de financiar al menos parte de la obra pública. Vidal había determinado un impuesto del 15% a las empresas que presten esos servicios (Canon + Ingresos Brutos) y según algunas estimaciones el negocio dejaría unos 5.000 millones a las alicaídas arcas públicas. 

Como contraparte, el juego online impactaba sobre el discurso en contra del juego que apuntaló la Gobernadora en su primer tramo de gobierno y que incluyó una histórica licitación de las salas de casinos.

La Iglesia -un sector que Vidal siempre prefirió mantener cerca- no ahorró cuestionamientos a ese sistema que permitía que cualquier ciudadano pueda apostar desde su casa a una cantidad de juegos en línea.

Ahora, tras la derrota en las PASO, en el gobierno evalúan los pasos a seguir. La Gobernadora no quiere pagar el costo de una decisión que impactará sobre la próxima gestión. Aunque desde el gobierno prefieren no hacer comentarios, el tema estará entre los primeros puntos de una eventual transición.

Como sea, el tema es incómodo. La presión de las empresas del juego es fuerte y estas compañías -muchas multinacionales- pusieron dinero y recursos en la licitación a 15 años.

El tema ya parece también una incomodidad para Kicillof. Ante una consulta de LPO, desde su entorno se limitan a decir que no existe definición sobre el tema.

Por la negativa o la positiva, Kicillof deberá decidir sobre el tema si gana la elección de octubre y si Vidal no resuelve antes. Se sabe que son unas 15 las empresas que operan actualmente en la provincia y no pagan tributo alguno.

Además existen más de 6.000 puntos de venta de tarjetas prepago para poder jugar online. No se trata de una actividad ilegalidad, toda vez que no existe regulación al respecto.

Desde el gobierno explicaron que bloquear a esas empresas que hoy operan en la provincia no era una opción. Sostienen que los intentos de bloqueo en el mundo no funcionaron. Se consiguen logros temporales de los sitios webs, pero las empresas operan a través de apps en tabletas y celulares.