Las declaraciones las dieron en coincidencia con la quinta suspensión de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías de Delitos Económicos del Primer turno Humberto Otazú.

Cabe recordar que la fiscala María Estefanía González imputó en enero del 2022 a Rousillón y otras exautoridades de Conajzar por el intento de “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar (cuyo cumplimiento está a cargo de Conajzar). También por la adjudicación de la quiniela a la firma que actualmente explota este juego (TDP SA), a pesar de que se encontraba morosa con el Fisco; así como por la reducción del canon a concesionarias durante la pandemia.

“Russillón tiene que rendir cuentas a la justicia”, expresó el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón.

Teniendo en cuenta que Rousillón el próximo viernes 30 de junio -en una semana- estaría jurando como diputado, el empresario consideró que se deberían levantar sus fueros parlamentarios para rendir cuentas ante la justicia, aunque la acusación fue previa a su elección como legislador, por lo que posiblemente sus fueros no le deberían impedir su procesamiento por parte de la Justicia. “Si tiene que ser desaforado pues hay que hacerlo. Tenemos que procurar todos ser en poco más honrados”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Adriana Gorchs, expresó su confianza en la actuación del Poder Judicial.

“Confiamos en la justicia y si hay personas que tienen cuentas que rendir ante la misma, serán juzgados de seguro, con o sin fueros. Hay herramientas para privar de sus fueros a los parlamentarios”, manifestó Gorchs.

Añadió que “estará en manos del Congreso quitar los fueros a las personas que se requieran hacerlo. Tenemos esperanza y confiamos en este nuevo gobierno, hasta ahora todo indica que estaremos mejor”, comentó.

Roussillón “debe ser demostrar si tuvo responsabilidad o no”

La titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, mencionó a su vez la sensibilidad de uno de los hechos de los cuales se le acusó a Rousillón y a otras cinco personas, que es la “regularización” de tragamonedas en comercios, despensas y otros sitios de libre concurrencia y que no son exclusivos de juegos de azar. De esta manera, el propio Estado expuso a los niños y adolescentes al riesgo de desarrollo de la adicción a las apuestas (ludopatía).

“El Ministerio Público en su siguiente paso procesal estaría pidiendo el desafuero de Rousillón. Nosotros como asociación tenemos el ojo puesto en esta causa”, mencionó Rojas.

La representante de Apoja manifestó su sospecha de que con los suscesivos recursos presentados por los involucrados en el proceso impidieron el avance de la investigación. “Necesitamos una condena. Vemos una suerte de sucesivas chicanas que finalmente pueden derivar en prescripción de la causa”, dijo.

Por otra parte, indicó que somterse al juicio es una forma de ejercer la defensa y determinando si tuvo una participación o no, aunque haya sido mínima. “Recomendamos que se someta a juicio para no quedarse con un estigma en su carácter de diputado de no haberse sometido a un proceso”, manifestó.

“Nosotros necesitamos una condena que enseñe al empresario a ni siquiera intentar soluciones tan forzadas y contrarias a derecho, totalmente inconstitucionales y sobre todo, carentes de un sentido social, porque se le expuso a los menores de edad a un flagelo como la ludopatía infantil”, puntualizó.

Caso Conajzar: los procesados

Además del diputado electo Roussillón se encuentran acusados los demás exmiembros de Conajzar Ricardo Núñez, hermano del diputado y senador electo Basilio “Bachi” Núñez; Carmen Corina Alonso, extitular de la Diben; Omar Rodrigo Mongelós González, y José Antonio Ortiz Báez. Asimismo, el representante de la empresa TDP SA, Álvaro Wasmosy, firma explotadora de la quiniela en todo el país.

También se encuentra procesado en la causa Raúl Mariano Silva, exintegrante de Conajzar, y quien ya cuenta con medidas alternativas a la prisión.

Además, se le había imputado al exprocurador Sergio Coscia, pues firmó un dictamen que habría sido utilizado para la disminución del canon en pandemia. Luego Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional.