Codere traslada su casa matriz a Luxemburgo

El 95% del capital de la compañía quedará en manos de sus acreedores y la filial de juego online pasará a integrarse en una Spac que cotizará en el Nasdaq. Termina así el periplo de la histórica compañía fundada por la familia Martínez Sampedro desde que hace más de seis años se situara al borde del concurso de acreedores, y fondos estadounidenses tomaran el control del grupo.

Desde entonces, el enfrentamiento entre los Martínez Sampedro y los fondos ha sido constante. La familia española sostiene que los fondos estadounidenses han actuado de forma concertada, y que por tanto deberían haber lanzado una OPA por el 100% del capital.

Aunque la batalla entre los Martínez Sampedro y los fondos estadounidenses todavía no ha terminado, la familia española, que llegó a controlar la mayoría del capital del grupo, verá como sus acciones se diluyen una vez se ejecute el complejo acuerdo de reestructuración, previsto para el próximo día 5 de noviembre.

Codere comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el acuerdo de reestructuración hace dos semanas, un documento de cerca de 2.000 páginas, en inglés, que ni siquiera accionistas con los que ha contactado este diario terminan por entender.

De acuerdo al mismo, y según ha explicado la compañía a este diario, Codere SA será liquidada, excluida de Bolsa, y sus activos pasarán a estar controlados por una nueva sociedad luxemburguesa controlada por los acreedores.

Por otra parte, la división de juego online del grupo se integrará en una Spac en la que la nueva Codere tendrá una participación mayoritaria y que cotizará en el Nasdaq. La empresa mantendrá su sede en Alcobendas (Madrid), y contará con un nuevo consejo de administración.

El acuerdo de reestructuración comunicado al regulador del mercado español, a pesar de su extensión, no contiene ni un plan de negocio ni una valoración de los activos del grupo. Desde Codere se ha indicado a este diario que en la actualidad se está trabajando en un nuevo plan de negocio y que la valoración de los activos no es información pública.