Coljuegos: nueva estrategia simplifica trámites y solicitudes de operadores de juegos

Con el objetivo de optimizar el servicio al cliente y reducir el tiempo de respuesta, a partir del próximo 16 de agosto Coljuegos implementará una estrategia de revisión previa de la documentación presentada por los operadores de juegos localizados, esto como requisito para otorgar un número de radicado a cada solicitud.

“Este año, hemos recibido 489 solicitudes por parte de operadores de juegos localizados. Sin embargo, encontramos que más del 50 % de esas peticiones fueron radicadas sin la documentación completa, situación que representa un desgaste administrativo para la entidad y afecta directamente los tiempos de respuesta”, dijo el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.

Y añadió: “Por eso, hemos expedido la Resolución 20241200017144 de 2024, en la cual indicamos que todas las solicitudes pasarán una revisión previa, o pre-radicado, dentro de los diez días hábiles siguientes. Si vemos que los operadores presentan documentos completos, idóneos, válidos y legales, procederemos a entregar un radicado. De lo contrario, el trámite será rechazado”.

De acuerdo con la resolución, quienes deseen realizar trámites ante la entidad deberán radicar la solicitud a través del sitio web www.coljuegos.gov.co, en el apartado “Portal del operador”.

Así pues, una vez sea aceptada la solicitud, y en caso de no ser requeridas aclaraciones adicionales sobre la petición, la entidad procederá con el trámite dentro de los quince días hábiles siguientes que establece la norma.

“También queremos informar que, una vez se haya generado el radicado, el solicitante no podrá modificar el inventario de elementos de juego. Con esto, podremos evitar reprocesos ocasionados por la modificación sobre la marcha de las solicitudes”, sostuvo Hincapié.

Además, Hincapié explicó que también se rechazarán de manera inmediata solicitudes que realicen operadores que se encuentren en mora, que hayan sido inhabilitados, que se encuentren incursos en un proceso por presunta ilegalidad, que presenten inconsistencias en los certificados de usos del suelo o que no hayan cumplido con los indicadores financieros.