Ejecutivo dispone cambios en Conajzar tras imputaciones

En segundo turno, a través del Decreto 6651/21, el Ejecutivo nombró a Alma Muhr Riera en reemplazo de Omar Mongelós González como representante del Ministerio del Interior en el ente; y finalmente, vía Decreto 6652/21, se designó a César Romero Rojas en sustitución de Carmen Alonso como representante de la Diben.

Estos tres representantes de entidades del Ejecutivo ante la Conajzar se encuentran imputados desde enero pasado. En el caso, también corrieron la misma suerte el ex procurador Sergio Coscia; el ex intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez; y el gobernador de Presidente Hayes, Rubén Roussillón, entre otros.

El Ministerio de Hacienda había pedido en varias ocasiones al ex titular de Conajzar su renuncia, atendiendo la imputación y las sospechas de que puede entorpecer la investigación fiscal. Esto, atendiendo que la presidencia de la entidad recae en el representante de Hacienda ante el Consejo Directivo.

El ex funcionario terminó solicitando al Ejecutivo el 11 de febrero pasado un “permiso temporal” para apartarse de la Conajzar, lo que fue aceptado este lunes 14; no obstante, la nombrada en su reemplazo, María Galván del Puerto, es de su mismo equipo, ya que era la asesora jurídica de la Comisión desde febrero del 2019.

EL CASO. En agosto del 2021, los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey denunciaron a los directivos de Conajzar por presuntas irregularidades. Antes, la Cámara Alta había interpelado a José Ortiz Báez, como cabeza de la entidad.

El senador Jorge Querey había explicado que un tema preocupante es el manejo que se tuvo con la asignación de la quiniela, también en el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas. En ese sentido, se mencionó una presunta evasión impositiva y se tiene sospecha además de que existiría un esquema de lavado de dinero.

En la denuncia, consideraron llamativa reducción del 50% del canon para las empresas de juegos de azar, lo cual consideran un perjuicio a los ingresos de la Dibén. Además, hablaron de legalización de tragamonedas en lugares no permitidos.

Tras esto, la fiscala María Estefanía González procesó al entonces titular de la Conajzar y a otras siete personas más por presuntas irregularidades. La imputación es por lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas.

Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por ley debería ser potestad de las municipalidades”. Este es el caso de la firma iCrop, adjudicada para la regularización del funcionamiento de tragamonedas.