Imputan a directivos de empresa por apuestas deportivas clandestinas

La imputación es por las figuras de violación a la Ley N° 4716/12, producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos, violación a la Ley N° 751 de Marcas. Tanto Duarte como Bermudez Arreola ya se encuentran procesados por otro caso de supuestas apuestas ilegales.

El Ministerio Público señala que los mismos continuaban explotando juegos de azar, en el ámbito de las apuestas deportivas, tanto en páginas web como en locales inhabilitados por Conajzar, a pesar de que otra empresa del rubro fue adjudicada con la licitación para la explotación del mismo.

Al respecto, la Fiscalía relató que el 9 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) resolvió otorgar a la firma Montego Trading SA la autorización provisoria para la explotación del juego de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online con el dominio Apuestas Jockey.

Sin embargo, la Conajzar por medio de la licitación pública N° 4/2017 adjudicó la concesión de la explotación del juego denominado apuestas deportivas, con carácter de exclusividad a la firma Daruma Sam SA con su marca Aposta.LA desde fecha 15 de febrero de 2018.

A raíz de esta situación, se procedió a la revocación de la autorización provisoria otorgada, la terminación del contrato y la devolución de las garantías de cumplimiento de contrato a la firma Montego Trading SA.

Asimismo, se resolvió que la firma debía cerrar la totalidad de sus locales físicos (seis en total) como así también cancelar el sitio web, advirtiendo que cualquier explotación fuera del marco legal vigente será considerada explotación clandestina.

Sin embargo, la empresa presuntamente siguió operando e incluso habilitó nuevos locales con una marca denominada CrownCity, de conformidad a la publicidad difundida en redes sociales.

En el sitio web de la firma se menciona que la página es operada por la firma Montego Trading SA, mediante resolución de Conajzar N° 02/2018, a través de un supuesto amparo constitucional obtenido por la empresa.

La Fiscalía señala que en este tipo de delitos la institución más afectada es la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), entidad que debe percibir un porcentaje del dinero que generan las apuestas.