Albella se reunió con el presidente de Codere impuesto por los fondos a los que asesoró Linklaters

Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se reunió a mediados del mes de enero de 2018 con Norman Sorensen, presidente de Codere impuesto por los fondos que tomaron el control del grupo de juego.

La reunión tuvo lugar pocos días después de que, el 12 de enero del pasado año, los fondos estadounidenses que tienen la mayoría del capital de Codere, desalojaran de sus cargos de presidente y vicepresidente a los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, fundadores de la compañía y que mantienen un 15% del capital, haciéndose con la gestión y administración de la multinacional española.

Los fondos Silverpoint, Abrams y otros, se hicieron con la mayoría del capital de Codere tras acordar la refinanciación del grupo hace cinco años. Las sociedades de inversión que lideran el accionariado de la multinacional española adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado en preconcurso de acreedores.

El pasado año los Martínez-Sampedro iniciaron un proceso judicial contra los fondos en Estados Unidos

En esa operación de reestructuración de Codere, los fondos fueron asesorados por Linklaters, despacho en el que trabajó y que dirigió en España Sebastián Albella hasta su incorporación como presidente de la CNMV, en noviembre de 2016. Por esta razón, cualquier relación de Albella con Codere levanta suspicacias, dado el deber del presidente del organismo de inhibirse de una posible situación que pueda suponer conflicto de interés, cuestión regulada en la Ley 3/2015, del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

La CNMV admite la existencia de aquella reunión de mediados de enero en la sede del organismo en Madrid entre Albella y Sorensen -a la que también asistieron el director del grupo, Vicente Di Loreto, y el secretario del consejo de administración, Luis Argüello- pero subraya que se trató de un encuentro formal entre el nuevo presidente de una compañía cotizada y el del regulador del mercado.

Desde el organismo se destacó a este diario que Albella "nunca se ha reunido con los fondos de Codere" y que nunca ha participado en decisiones que afecten al grupo de juego como presidente de la CNMV. 

Falta de independencia

Los Martínez-Sampedro aseguraron el pasado mes de junio, con motivo de la junta de accionistas que celebró Codere, que de acuerdo a "pruebas documentales obtenidas como accionistas", pese a la "resistencia de Silver Point", la falta de independencia de Sorensen es manifiesta. 

Los fundadores del grupo de juego se han negado a firmar las cuentas de la compañía

La familia fundadora de la compañía española sostiene que los fondos estadounidenses actúan de forma concertada, por lo que deberían lanzar una oferta por el 100% del capital del grupo al superar el umbral del 30% a partir del cual es obligado presentar una OPA. Y que estos situaron a Norman Sorensen, consejero independiente, como presidente para mantener ese control.

El pasado mes de febrero, los Martínez-Sampedro denunciaron ante la CNMV esa supuesta concertación, y este mismo mes de septiembre han aportado documentación lograda en un proceso judicial en Estados Unidos en la que se sostendría que los fondos actúan efectivamente de forma concertada. Coincidiendo prácticamente en el tiempo con esa aportación de documentación a la CNMV, Codere contrató al exministro de Justicia, Rafael Catalá, como colaborador externo y asesor de relaciones institucionales, como publicó El Confidencial.

Los fundadores del grupo de juego iniciaron el pasado año un proceso judicial en EE UU contra Silver Point en el tribunal del Estado de Connecticut, conocido como discovery, procedimiento que obliga a un sujeto residente en EE UU a entregar toda información relevante requerida por el tribunal, incluyendo correos electrónicos o cartas.

También ha iniciado procesos en Madrid y en París contra los fondos estadounidenses, y se han negado a firmar las cuentas de Codere asegurando que no se les ha permitido el acceso a determinada información requerida.