Mediante un decreto aprobado recientemente, el Gobierno de Canarias ha vuelto a meter en la zona de exclusión (300 metros) para salones de juegos a los centros de enseñanza infantil y primaria (CEIP). El primer día de este año los empresarios del sector pudieron volver a solicitar la puesta en marcha de negocios de este tipo. El cupo de 83 salas para el conjunto de las Islas se ha agotado y otros trece proyectos se han quedado en lista de espera.

El Ejecutivo aprovechó el «proyecto de decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público» para afrontar los cambios en la normativa del juego de la comunidad autónoma. Al título que describe el grueso de la iniciativa añadió: «así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas»

De esta manera pretende consolidar el retorno de los CEIP a las áreas de exclusión que abandonaron a través de una ley que, tampoco en esa ocasión, tenía nada que ver en principio con el juego: la de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2019, las últimas cuentas que aprobó el primer gobierno de Fernando Clavijo (CC), de nuevo hoy presidente de Canarias.

Alarma social

La vía para la apertura de nuevos salones de juego con menos restricciones estaba abierto. Sin embargo, otras comunidades autónomas se habían adelantado y comenzaron a proliferar los salones de juego en las cercanías de colegios. La alarma social se desató en Madrid o Murcia, y el Gobierno central decidió mandar a parar hasta generar un nuevo escenario para el desarrollo del sector.

Eso obligó a dejar en un cajón la planificación que Canarias ya tenía preparada. El cupo era de 83 nuevos establecimientos repartidos del siguiente modo: Gran Canaria, 48; Tenerife, 19; Lanzarote, 13; La Palma, 5, y Fuerteventura, 3. Ni La Gomera ni El Hierro mostraron interés.

Esa moratoria decretada por Madrid expiró el último día del año pasado y ya en febrero los registros habían contabilizado 33 solicitudes. Para el 29 de julio, la oferta estaba agotada por completo. Es más, en Gran Canaria (8), Tenerife (2), Fuerteventura (2) y Lanzarote (1) se habían intentado iniciar expedientes cuando ya no cabían más salones de juego.

Contra lo que se pueda pensar por las connotaciones que en determinadas situaciones derivan del uso de estos centros, la puesta en marcha de un salón de juegos se realiza mediante una simple declaración responsable. Pueden estar en funcionamiento sin problema para cuando reciben la visita de un inspector que fiscalice si el proyecto cumple con todos los preceptos y con lo manifestado por el dueño del negocio.

Soporte jurídico

¿Es posible entonces que entre el 1 de enero y la llegada de este decreto se haya abierto algún salón de juegos frente a un colegio? Sí. Además, hasta tienen soporte jurídico para hacerlo. Una sentencia de 2022 emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nula una orden de la Administración autonómica que rechazó la declaración responsable emitida por el dueño de un salón recreativo situado a solo 194 metros de un CEIP. 

Esta decisión por sí sola no crea jurisprudencia pero da una idea al Gobierno de lo que puede encontrarse en caso de querer dar marcha atrás a la entrada en funcionamiento este mismo año de salones de juego en las proximidades de centros de infantil y primaria. 

Contra los intereses

Manuel Padrón entiende que generar alarma social va en contra de los intereses de este tipo de negocios, porque podría ocurrir que de nuevo llegara otra moratoria. No obstante, también ha participado, con «una decena» de solicitudes, en la reapertura del cupo de este año. «A dios rogando y con el mazo dando, sí», reconoce, «pero tampoco podía estar de brazos cruzados mientras la competencia tomaba posiciones», argumenta el empresario.

La distancia mínima que debe existir entre los locales en los que se practica el juego y los centros de enseñanza ha estado regulada desde el año 1986 a través de tres decretos y una modificación, del último de ellos, en el año 2014. La postura de la Administración autonómica siempre fue la de considerar a los CEIP dentro de las áreas de exclusión hasta que alguien pensó que hasta los doce años de edad la percepción del entorno no deja huellas en la formación posterior de los niños como adultos con personalidad propia.

«Resulta evidente que la sola prohibición de entrada a este tipo de establecimientos, así como de que participen en este tipo de actividades, siendo una medida imprescindible y eficaz, es insuficiente, por lo que deben adoptarse medidas que impidan una posible influencia directa en los entornos de la vida cotidiana de las personas menores de edad», destaca en cambio el decreto que se publicará el viernes y que engloba a todos los ciudadanos de entre seis y 17 años. 

Además, el texto normativo añade que la cercanía de los salones de juego a centros educativos y su «concentración (...) en determinadas zonas geográficas no ayudan a evitar la prevención de una futura adicción».