Las medidas apuntan a dos casinos ubicados en el estado de Tamaulipas —uno de ellos a escasos kilómetros de la frontera con Texas— y a tres personas que, según dijo el Tesoro a través de un comunicado, desempeñan papeles clave en actividades como lavado de dinero, tráfico de personas, de fentanilo y extorsión para el Cartel del Noreste.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de las personas señaladas por las autoridades estadounidenses.

En su investigación, según señaló en un comunicado, identificó que establecimientos de apuestas operaban bajo una misma red empresarial y detectó “inconsistencias” entre entre los ingresos reportados y el dinero que realmente se movía.

Por ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la “probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales”.

Como resultado de las sanciones, anunciadas por el Tesoro a través de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con ellos.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que continuarán enfocándose en desmantelar las distintas fuentes de financiamiento de los carteles que “buscan sembrar el terror” entre los estadounidenses.

“Seguiremos atacando las diversas fuentes de ingresos de estos grupos, incluyendo el tráfico de fentanilo y de migrantes hacia Estados Unidos”, añadió Bessent en el comunicado.

Dos casinos cerca de la frontera con Texas

Uno de los casinos, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas —muy cerca del cruce con Texas—, habría funcionado como instrumento para “integrar ganancias ilícitas al sistema financiero formal a través de sus operaciones de juego” y para almacenar drogas como fentanilo y cocaína, según el comunicado.

Además, asegura el Tesoro, el Cartel del Noreste supuestamente utilizaba “los cuartos traseros” del establecimiento para “torturar e intimidar a presuntos rivales”.

Otro casino, ubicado en Tampico, Tamaulipas, así como un sitio web de apuestas, son operados por la misma empresa que el de Nuevo Laredo, la cual también fue sancionada.

Ambos establecimientos, junto con la empresa que los opera, fueron sancionados por “haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero” al cartel, según el Tesoro.

Un abogado y un activista entre los señalados

En cuanto a las personas sancionadas, el Tesoro sostiene que una de ellas supervisaba redes de tráfico de migrantes en la zona de Nuevo Laredo, controlando el paso hacia Estados Unidos y administrando “casas de resguardo de dinero en efectivo”.

Las otras dos, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, operaban desde profesiones aparentemente legítimas. Uno de ellos es identificado como abogado defensor y habría brindado apoyo que iba “más allá de una relación normal cliente-abogado”, fungiendo como intermediario entre miembros del cartel y su liderazgo.

El otro se presentaba públicamente como activista de derechos humanos, pero, según el Tesoro, encabezaba esfuerzos para “presentar denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagar a personas para asistir a protestas y proteger la reputación de integrantes del CDN caídos o detenidos”.

“Utilizando sus posiciones como fachada, estos individuos intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan detrás de escena para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo y la región fronteriza circundante”, señala el comunicado.

El Departamento del Tesoro indicó que la investigación fue resultado de una operación coordinada con agencias como la DEA, enfocada en desmantelar redes financieras y logísticas que sostienen el tráfico de drogas.

El Cartel del Noreste, que surgió al recoger las operaciones del Cartel de los Zetas, fue designado en 2025 como organización terrorista extranjera por el Gobierno de Donald Trump.

Desde su bastión en Nuevo Laredo —uno de los puntos de cruce comercial más activos entre ambos países— el grupo controla rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas, además de recurrir a la violencia para mantener su dominio, dice el Tesoro.