Gremios celebran decisión de Fiscalía en caso Conajzar

La Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) está conforme con que el Ministerio Público haya acusado y pedido juicio oral para los imputados por aparentes hechos punibles en la gestión de juegos de azar, aunque lamenta que toda esta situación genere una mala imagen en el rubro. Se trata de las gestiones relacionadas a tragamonedas, quiniela y reducción del canon a concesionarias, que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía y en las que se halló aparentes lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato, exacción, declaración falsa.

“El rubro está muy golpeado después de esto y hay que ver cómo continua. Más allá de las responsabilidades que tienen los diferentes miembros (de Conajzar) y las personas imputadas, ahora (hay que ver) qué medidas se van a tomar para hacer que el rubro se despierte”, dijo Lorena Rojas, una de las representantes de Apoja.

Señaló que en el sector privado hay incertidumbre con relación a cuáles serán las medidas que tomará Conajzar, cuya presidenta interina es María Galván del Puerto. Además, teniendo en cuenta que todavía queda un año de esta administración. “Estamos expectantes a ver qué dice la reglamentación de la ley de tragamonedas”, comentó como ejemplo.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, opinó a su vez que es correcta la actuación de la fiscala María Estefanía González. Aprovechó para opinar referente a la adjudicación de la quiniela a TDP SA, de Álvaro Wamosy Carrasco, a pesar de que se encontraba morosa con el fisco. “No tiene justificación otorgar el juego de la quiniela a un grupo que arrastra una fortuna en deudas al fisco, es una estafa”, manifestó.

Añadió que es peor aún el plan de “legalizar” tragamonedas en sitios de libre concurrencia, lo cual está prohibido por la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. “Es peor esa decisión de legalizar todas esas máquinas instaladas en las calles al alcance de los niños. Deben tener gran castigo (los que intentaron hacerlo)”, puntualizó.

El vocero del Gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimiento, Servicios y Juegos de Azar del Paraguay (Gomeesjapy), Juan Silvero, destacó la importancia de la intervención del Senado en la gestión de Conajzar, ya que la Cámara Alta planteó la denuncia ante Fiscalía, así como las publicaciones periodísticas para que se ejerza la presión social de modo a que las autoridades revoquen su plan de tragamonedas y se cree una nueva ley que especifica los lugares donde pueden funcionar estas máquinas. La nueva normativa de tragamonedas (Ley N° 6.903/22) ratifica lo establecido desde 1997.

La representante del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba), Alicia Gutiérrez, expresó su alegría tras tantos años de denuncias de irregularidades en el sector. “Por fin la Fiscalía se hace eco de todas las denuncias que existen. Estamos esperanzados de que se haga justicia”, expresó. Recalcó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería revocar el contrato de la quiniela.