Es evidente que, en condiciones normales, puede existir una obligación de sacar adelante los proyectos de ley que han llegado a la fase final de su tramitación parlamentaria pero también es evidente que existe, ante todo, una obligación por parte de las Administraciones de proteger a la sociedad (aun cuando podamos creer que muchas veces esa protección es más por “ruido social” que por realidad objetiva). Hay que pensar que la situación que vivimos es tan excepcional que llevamos dos meses en Estado de Alarma y no nos parece ni lógico, ni procedente, votar una norma que, lejos de ayudar a un sector en un estado crítico, lo que va a conseguir es hacernos desaparecer.
Aun cuando quisiéramos comprender determinadas ideologías, nunca podríamos entender, ni por supuesto compartir, que en un momento como el actual, se quiera destruir un sector regulado -o mejor dicho, “hiper regulado” que desde hace más de cuarenta años lleva generando miles de puestos de trabajo y aportando muchos millones de euros en impuestos a las arcas públicas. Se destruirá también con ello una Industria rica en I+D+i en la que se desarrollan grandes profesionales, tan necesarios para el progreso de un país.
Son momentos de reflotar la economía. Por ello más que nunca debemos remar todos en la misma dirección y conseguir salir de esta situación crítica lo antes posible ayudando a que sectores muy dañados por las circunstancias actuales, entre los que se encuentra el sector del juego, puedan sobrevivir y seguir siendo sectores enriquecedores en lo que seguramente vendrá a llamarse “era post Covid”. Y, desde luego, votar una ley, con las condiciones que contiene esta que nos ocupa, no es el camino”.
