Las ofertas podrán presentarse hasta el 16 de marzo en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, en el Centro Cívico provincial. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la apertura se realizará el 17 a las 12 horas en el Centro Administrativo Gubernamental, ubicado en avenida Presidente Illia 1151.

Un mercado regulado, con múltiples operadores

El proceso licitatorio se enmarca en la Ley 14.427, aprobada a fines del año pasado, que estableció las bases regulatorias para el desarrollo del juego online en la provincia. La normativa apunta a combatir el juego ilegal, reforzar el control estatal y asegurar mayores niveles de transparencia y recaudación fiscal.

Uno de los aspectos más relevantes del esquema es que no habrá un único adjudicatario. El modelo contempla la habilitación de múltiples licenciatarios que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y legales establecidos en los pliegos. Cada operador deberá abonar un canon mínimo del 15 % sobre el resultado bruto mensual.

Las concesiones tendrán una duración de hasta una década, con posibilidad de prórroga por dos años adicionales, sujeta a decisión del Poder Ejecutivo, lo que brinda previsibilidad y horizonte de inversión para los futuros adjudicatarios.

Alcance amplio y foco en el juego responsable

Las licencias habilitarán apuestas sobre una amplia variedad de competencias deportivas —fútbol, básquet, tenis, rugby, vóley, automovilismo, boxeo, artes marciales, hockey, golf y ciclismo— además de ciertas modalidades hípicas y eventos virtuales autorizados. Quedan excluidos los juegos de casino tradicionales y las loterías, que continuarán bajo sus marcos regulatorios específicos.

El nuevo sistema también incorpora medidas de prevención de la ludopatía y mecanismos de control contra el lavado de activos, alineados con estándares de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con esta licitación, Santa Fe consolida su avance hacia un mercado digital competitivo y regulado, buscando canalizar la demanda existente hacia operadores autorizados, fortalecer la recaudación provincial y ofrecer un entorno seguro tanto para empresas como para usuarios.