Desestiman reglamentos que legalizaban tragamonedas en Puerto Rico

“Este proceso está atrasando la economía del País, ya que con solo el pago de las licencias de las máquinas el gobierno recibe cerca de $30 millones anuales en recaudos”, expresó Orlando Rivera, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar. Sostuvo, además, que “si se aprueba la anulación de los reglamentos, todo lo que yo he hecho de enero hasta ahora, queda nulo. Todas las licencias que se dieron hay que revocarlas y comenzar un nuevo proceso de análisis. Yo fui demandado y a mí nunca me llamaron, nunca vi a la jueza”.

El atraso es producto de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que anuló el reglamento para operar el sistema de interconexión de las máquinas de juegos de azar, lo que garantiza la fiscalización de licencias para operarlas. La decisión se ampara en que el reglamento fue promulgado por la Compañía de Turismo y no por la Comisión, entidad autorizada por la legislatura para manejar la legalización de las tragamonedas. El Tribunal se basó en una demanda de Electronic Games Inc. (EGI), corporación a cargo de la operación de una gran cantidad de tragamonedas, que alega que los reglamentos son inconstitucionales y exceden las facultades concedidas.

Rivera, quien confirmó que pedirá la reconsideración y que de no salir favorecido irá al Tribunal Apelativo, resaltó que es el gobierno quien se afecta, ya que con el recaudo de este sector comercial, se benefician económicamente algunas dependencias y los municipios.

La distribución de las ganancias de las máquinas se divide en 67% para los dueños y 33% para el gobierno, y de este porcentaje se saca el 50% para el retiro de la Policía, 45% para los municipios y 5% para la Comisión, que cuenta con 260 empleados y que incluye al hipódromo y los casinos.

Los reglamentos anulados son el 9174 de 2020, Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, y el reglamento 9175, Reglamento de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias para esas máquinas. La facultad para que la Compañía de Turismo reglamentara las máquinas de adultos surgió de la Ley de Reforma Contributiva del 2018 —la Ley 257— que estableció los mecanismos para legalizar 45,000 máquinas del universo de más de 80,000 máquinas que operan ilegalmente.

De acuerdo con la sentencia de la jueza Glorianne Lotti Rodríguez, el pasado 14 de julio, aunque la Legislatura le dio la autoridad a la Compañía de Turismo para reglamentar las máquinas de adultos con la aprobación de la Ley 257, en 2019 se aprobó la Ley 81 —conocida Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico— que transfirió a la Comisión la responsabilidad de reglamentar, licenciar y fiscalizar a las máquinas de adultos.

La Compañía de Turismo indicó que mientras la Comisión culminaba su organización —tras la aprobación de la Ley 81— se encargó de continuar las funciones administrativas para no interrumpir los servicios.

Rivera explicó que el propósito del reglamento es conectar las máquinas de juegos al gobierno para conocer todo lo que ocurre con ellas, desde lo que producen hasta lo que les pagan a los clientes.

“Es lo que queremos implementar para poder legitimizar ese negocio”, apuntó el funcionario.

Expuso, además, que al momento hay 101 licencias, cada operador puede tener entre 100 y 250 máquinas y la Ley permite un máximo de 25,000 máquinas legales en Puerto Rico. “Antes del reglamento, habían cerca de 3,100 operadores y sobre 80,000 máquinas ilegales”, apuntó el director.