Expresan dudas en el control a tragamonedas en adjudicación directa en Paraguay

De acuerdo con una adjudicación directa, sin licitación o llamado a contratación por parte de Conajzar, la empresa iCrop SA es la firma encargada, desde octubre pasado, de realizar la fiscalización correspondiente. La Resolución N° 34/2020 de la entidad pública, otorgó a una sola empresa el relevamiento de datos sobre la cantidad y ubicación de tragamonedas, por lo que cada máquina censada repercute en el cobro de la cantidad señalada.

Las fuentes hicieron el cálculo correspondiente: Por cada máquina la empresa se queda con G. 220.000, por lo que se estima que la misma se queda con unos G. 5.500 millones totales, atendiendo a que –según datos– en el país habría 25.000 máquinas así.

Nuestro diario intentó comunicación con el titular actual de Conajzar, José Ortiz, pero no respondió el llamado ni el mensaje enviado. No obstante, se había recibido un correo de parte de Sol Ruiz, quien representa a la empresa, el 23 del corriente, en el que se mencionó que la Fiscalía se estaba preparando para allanamientos a locales que operan máquinas electrónicas tragamonedas en forma ilegal.

“iCrop SA estará acompañando dicho operativo en su calidad de empresa autorizada para la operación de máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal sea diferente a los juegos de azar, con intervención en la operación. Trabajar en la legalidad, es trabajar con tranquilidad”, se mencionó en el correo recibido por este periódico.

Se conoció que la senadora Esperanza Martínez puso en tela de juicio días pasados el accionar de la empresa, que se estaría quedando con recursos que corresponden a la Dibén, lo que fue considerado como irregular en estas circunstancias de la pandemia y la crisis sanitaria. Esto motivó que la Cámara de Senadores convocara al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y al titular de Conajzar, José Ortiz, para que brinden explicaciones sobre esta situación.

Existen hechos llamativos sobre el destino del dinero que recibe Conajzar por fiscalización de las tragamonedas, de parte de una empresa que las controla gracias a una adjudicación directa.