La situación financiera de la Intendencia de Montevideo (IMM) está en el centro del debate político desde hace varios meses, ya que es uno de los temas centrales que la oposición departamental ha puesto sobre el tapete en esta campaña hacia las elecciones del 11 de mayo. 

El estado de situación llevó al intendente Mauricio Zunino a admitir "dificultades en varias áreas" de la comuna, y a proceder con algunos recortes de gastos —en particular aplicados en el Departamento de Cultura— que debió explicar ante la Junta Departamental de Montevideo este martes en la noche, y llevó a la oposición —liderada en este tema por el candidato nacionalista Martín Lema— a poner el ojo en el control de la gestión de los recursos de la comuna.

Ahora bien, en la administración diaria de la IMM, según constató medio local al analizar una docena de resoluciones de enero y febrero de este año—y que totalizan una erogación que supera los $ 3.000 millones—, son habituales las observaciones de gastos por parte del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), al igual que su posterior reiteración.

En varios de los casos, el argumento citado es la violación del artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que establece que "no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible", a excepción del cumplimiento de sentencias judiciales, "epidemias, inundaciones, incendios y todo tipo o forma de catástrofe" o cuando haya "acontecimientos graves o imprevistos (que) requieran la inmediata atención del Poder Ejecutivo" departamento.

Ese argumento fue el esgrimido, por ejemplo, en el gasto que dispuso la IMM —y que viene haciendo en forma anual desde 2013, siempre con observaciones del organismo— en una compra directa destinada al arrendamiento de 150 slots para el casino municipal a las empresas ICM S.A y FAMOSTAR S.A. 

La observación del TCR es la misma desde hace 12 años: que no se ha configurado "la causal de excepción invocada en tanto no pueden considerarse que existieran razones de urgencia 'no previsible'", y que tampoco existe "disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable".

Además, el TCR marcó que para este alquiler "debió realizarse un procedimiento competitivo de contratación de conformidad con lo previsto por los artículos 33 y siguientes del Tocaf, ya que no se verifica ninguna causal de excepción habilitante para la contratación directa". Y que, en línea con lo anterior, tampoco "se esgrimen razones que justifiquen no haber instrumentado un llamado a licitación durante años, incumpliéndose sistemáticamente con las normas vigentes en materia de contratación administrativa en el Tocaf y desconociéndose las reiteradas observaciones formuladas por este Tribunal".

Este contrato, dispuesto por el Departamento de Desarrollo Económico y con la finalidad de arrendar "máquinas tragamonedas" para el Casino Parque Hotel —que en 2023 dio una pérdida de $ 87 millones—, fue por seis meses (del 1º de enero hasta el 31 de junio de 2025) y por un monto de $ 15.372.000.