Un conjunto de operadores de máquinas de juegos de azar en ruta presentó un recurso de mandamus ante la justicia puertorriqueña para requerir que la Comisión de Juegos de Puerto Rico reciba, procese y adjudique las solicitudes de licencias conforme a la normativa vigente. La acción legal apunta a fortalecer el marco regulatorio y permitir la plena integración de pequeños y medianos comerciantes a la industria formal.

Según explicaron los demandantes en un comunicado de prensa, han intentado someter solicitudes para el reconocimiento como dueños bona fide y obtener sus licencias correspondientes. Sin embargo, alegan que la Comisión ha mantenido una “práctica de no recibir, no adjudicar y no notificar determinaciones relacionadas a dichas solicitudes, lo que impide el acceso a un proceso administrativo claro, documentado y verificable”.

Transparencia y acceso a la información

El recurso judicial también solicita que la Comisión divulgue información pública vinculada al licenciamiento y la administración de máquinas en ruta, al amparo de la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Entre los datos reclamados se incluyen aquellos necesarios para fiscalizar el proceso y conocer el estado real de la otorgación de licencias.

“Este caso se trata de transparencia y de acción. Nuestros representados están solicitando algo básico: que la agencia reciba y tramite las solicitudes conforme a su propio marco legal y reglamentario, y que divulgue información pública indispensable para la rendición de cuentas”, expresó el portavoz y abogado de los operadores, Frank Torres-Viada.

Los operadores subrayaron además que el reglamento de la Comisión establece que, si una solicitud presenta deficiencias, la agencia debe emitir una notificación con los señalamientos correspondientes dentro del término reglamentario. A su entender, el incumplimiento de esta obligación mantiene a los solicitantes en un escenario de incertidumbre y sin una vía formal de corrección.

“Cuando una agencia no recibe solicitudes o no emite determinaciones formales, se afecta el debido proceso y se debilita la fiscalización pública. Por eso, acudimos al tribunal para que se ordene a la Comisión actuar y proveer la información que por ley debe estar disponible”, añadió Torres-Viada.

La postura del regulador

Desde la Comisión de Juegos, su director ejecutivo, Juan Carlos Santaella Marchán, defendió la gestión del organismo y aseguró en declaraciones escritas que “alegar que la Comisión no ha respondido a sus solicitudes es faltarle a la verdad. La información que este grupo alega que no ha sido provista, no solamente es pública, sino que está claramente contenida dentro de la Ley que muy bien ellos conocen”.

Santaella Marchán recordó que la Ley de Máquinas de Juegos de Azar autoriza un máximo de 25.000 licencias y que actualmente existen 110 operadores licenciados con derecho a operar hasta 250 máquinas cada uno. “Al día de hoy, y desde el inicio del proceso en 2021, se han expedido más de 23.000 licencias. Esto significa que el balance disponible es de menos de 2.000 máquinas, como producto del proceso, implantado en función de la ley existente”, señaló.

Asimismo, explicó que la normativa concede a los operadores licenciados hasta el 14 de enero de 2028 para completar el pago del balance de sus licencias, y que “no es hasta entonces que la Comisión podría considerar la aceptación de nuevas solicitudes de licencias por parte de dueños mayoristas”.

El funcionario calificó la demanda como “una constante por parte de ciertos grupos de dueños de máquinas que operan al margen de la ley, cada vez que inicia un proceso para implantar una ley, reglamento o entra en vigor alguna normativa”.

Pese a las diferencias, el caso vuelve a poner sobre la mesa la relevancia de contar con procesos claros, información pública accesible y un marco regulatorio sólido que brinde previsibilidad al mercado. Para la industria del juego en Puerto Rico, el desarrollo de este proceso judicial podría convertirse en una oportunidad para reforzar la transparencia y consolidar un entorno de mayor confianza entre operadores y regulador.